Fuentes de la Fiscalía sevillana han informado hoy de que se han opuesto a la libertad de Trujillo porque persiste el riesgo de fuga y aún debe llevarse a cabo la investigación patrimonial sobre los bienes y las actividades de las empresas que creó el imputado.
Trujillo es el segundo del medio centenar de imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que se encuentra en prisión, al igual que su jefe, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado el 9 de marzo.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le imputó un total de 22 delitos, entre ellos haber percibido 1,3 millones de euros en ayudas de la Junta para sus empresas ficticias, creadas "de común acuerdo" con su jefe, y haber conseguido otros 122.649 euros para su madre.
Entre otros, Trujillo declaró a la juez que llegó a gastarse 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en cocaína para él mismo y su jefe, ya que ambos consumían entre 5 y 10 gramos diarios.
La Fiscalía Anticorrupción, según las citadas fuentes, se ha opuesto a la libertad del chófer dado el escaso tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión, lo que ha impedido que se modifiquen las circunstancias de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Además, aún no han comenzado a investigarse las empresas del chófer, como pidió la juez Alaya cuando remitió un oficio a la Agencia Tributaria para que informe sobre los ingresos y pagos hechos por seis empresas vinculadas a Trujillo.
La juez también acordó la semana pasada deducir testimonio contra él por un presunto delito de alzamiento de bienes al haber vendido tres fincas en las localidades jienenses de Torredelcampo, Villanueva de la Reina y Andújar cuando ya se habían abierto contra él actuaciones de inspección por parte de Hacienda.
El abogado de Trujillo recurrió su ingreso en prisión sin fianza alegando su colaboración con la Justicia y que la mayor parte de los 22 delitos que le imputan están prescritos.
Según su defensa, no es cierto lo que afirma el auto de prisión de que Trujillo puede tener otras empresas pues se gastó todo lo que recibió y la Agencia Tributaria ya ha investigado sus propiedades en Jaén, sin encontrar nada, a raíz de la inspección abierta al descubrir que no había tributado por las subvenciones percibidas.
Trujillo "llegó a imputarse a sí mismo, no ha obstaculizado nunca la acción de la Justicia y no existe riesgo de fuga" pues solo percibe un seguro de paro "mínimo", según su defensor.
La juez confirma la prisión de Guerrero porque su fuga beneficiaría a "otros personajes de esta gran trama"
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades cometidas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, ha confirmado la prisión comunicada y sin fianza del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya que entiende que si lo dejara en libertad podría darse a la fuga y, de esta manera, "beneficiar" a "otros personajes de esta gran trama" por los que todavía no ha sido interrogado.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya considera que el testimonio de Guerrero "es fundamental" para la incriminación de otras personas "con las que ha mantenido estrecha relación", sobre todo "teniendo en cuenta que a la primera declaración judicial le podrían seguir varias, en las que será interrogado por otras ayudas y por otros personajes de esta gran trama, por lo que es claro que su fuga podría beneficiar a muchos".
Este riesgo de fuga "debe ser valorado sobre todo a la vista de las presuntas entregas de dinero que recibió ilícitamente en el ejercicio de su cargo", señala la juez, que dice no compartir la idea de la defensa de Guerrero de que "las futuras implicaciones serían sobre personas de perfil más bajo, pues a nivel de la presente instrucción judicial el perfil se mide por el grado de conocimiento que tenga el testigo o el imputado, no por la categoría profesional o política que posean, pues es claro que a través de estos testimonios se pueden subir peldaños" en la investigación.
"Es claro que Guerrero, a lo largo de su prolongado cargo, tuvo colaboradores de importancia, tanto dentro como fuera de la Administración, por lo que sus aportaciones deben ser protegidas de cualquier contaminación que proceda de Guerrero en su ánimo de defenderse", y recuerda que en el auto de prisión "también se valoró el riesgo de que pudiera entorpecer la instrucción de la causa de quedar en libertad por la posibilidad de acceder por sí o a través de terceros a fuentes de prueba externas a la Administración o para influir sobre otros imputados o testigos".
Al hilo de ello, la magistrada dice que el relato del que fuera de su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el pasado día 21 de marzo, "no puede ser más esclarecedor para el fin que venimos exponiendo, pues mencionó documentos y diversas personas de gran interés para la causa que podrían verse afectadas por la influencia de Guerrero", a quien la juez mandó a prisión imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
NUEVOS POSIBLES DELITOS
La juez, igualmente, confirma la prisión de Guerrero "ante la impresionante gravedad de los delitos que se le imputan" y que "probablemente irá sumando otros", pues los hechos que le fueron imputados en su día "se han extendido considerablemente" tras la declaración de Trujillo, y ello en base "a una supuesta factura falsa que una empresa de Trujillo emitió a Comercial Alimentaria Dhul sin haberse realizado para esta sociedad trabajo alguno".
Este documento, según la magistrada, "dio pie a que el exchófer fuera interrogado por la existencia de más facturas falsas, y que Trujillo reconociera la realidad de varias sin descartar la existencia de otras, que serían abonadas por las distintas entidades en atención a Guerrero, probablemente por favores atendidos por el referido director general o en curso de conceder".
A todo lo anterior, prosigue la juez, "debe unírsele el asunto sobre el que Trujillo informó en su declaración relativo a los dos sobres con dinero destinados a Guerrero que él recibió de manos del director general de Vitalia, Antonio Albarricín", por lo que "el examen de la contabilidad de la misma podrá arrojar luz sobre este hecho o hechos similares".
"PROLONGADA ACTIVIDAD DELICTIVA"
A su juicio, "efectuando un mero cálculo de probabilidades, lo previsible es que en el futuro resulten nuevos hechos delictivos presuntamente cometidos por Guerrero, aunque en su realización también hayan participado otras personas, pues con independencia de las numerosas declaraciones que hayan de tomarse, quedan aún por recabar y examinar numerosa documentación, pieza esencial de este procedimiento de donde se puede extraer la mayor parte de la prolongada actividad delictiva cometida en el seno" de la Junta.
Así, se opone a la petición de libertad de Guerrero subrayando que "los indicios son tan sólidos que determinan una alta probabilidad de que resulte condenado y a penas extraordinariamente elevadas", mientras que rechaza que el arraigo familiar defendido por su letrado pueda evitar el riesgo de fuga, "pues su familia podría seguirle a donde decidiera marcharse, sobre todo teniendo en cuenta la corta edad de su hija".
Asimismo, "es incontestable que el presente procedimiento le está generando un daño irreparable a él mismo, a su familia y a su entorno, por lo que resulta obvio que el desarraigo social se ha producido, pues es inmensa la alarma social creada con tales hechos", y a ello se suma que "es precisamente ahora cuando ha tenido conocimiento con la suficiente concreción, ante este maremágnum de documentación que se maneja, de los hechos que se le imputan".
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Tras apuntar la posibilidad de que se desarrollen nuevas líneas de investigación "que podrían incrementar su indiciaria responsabilidad", la magistrada asevera que Guerrero, "aunque lo hiciera en connivencia con otros, habría manejado de forma absolutamente arbitraria los fondos públicos, en beneficio de terceros y del suyo propio, actuando con total desprecio al derecho y a lo más elementales principios de la gestión pública".