Las cuentas de la ministra

Las declaraciones de la ministra de Agricultura en torno al precio del aceite resultan, cuando menos, sorprendentes, denotando una profunda ligereza y falta de información en relación a este producto sólo comparables con la actuación de aquél comisario de Agricultura de la Unión Europea que para demostrar hasta qué punto estaba identificado con el sector olivarero y sus conocimientos de la materia, no tuvo otra ocurrencia que tratar de ingerir una aceituna en pleno periodo de engorde y maduración. Por lo visto, según su criterio, el precio del aceite no era el adecuado cuando rebasó los cuatro euros, en el año 2006, por la negativa influencia que aportaba a la evolución del IPC, con el consiguiente riesgo de pérdida de mercado, ni lo es ahora que apenas llega a los dos euros, porque, igualmente, persiste el riesgo de desvío del consumidor hacia otras grasas. Habría, por tanto, que inquirir de nuestra ministra cuál es, en su criterio, el precio aconsejable aunque resulta fácil deducir que, seguramente, existe un margen, todavía amplio, para que se contraiga considerablemente.

No parece tener una adecuada información sobre los resultados reales de explotación ya que, en estos momentos, aún a pesar de la subvención que se percibe, éstos rozan los umbrales de rentabilidad y no son pocas las pequeñas explotaciones que, dadas las circunstancias, han declinado recolectar su cosecha de esta campaña. No podemos obviar, evidentemente, los riesgos de mercado, no sólo determinados por el precio, aunque pueda resultar importante, sino por otros aspectos inherentes a la comercialización del producto y convenimos que hay que conjugar los diferentes factores para evitar la pérdida de mercados. Sin embargo, en los niveles actuales de precios, no podemos admitir la necesidad de una contracción de los mismos como solución final, porque estaríamos atentando contra la esencia de este sector inveteradamente castigado en otros tiempos por las políticas de precios aplicadas. La misión, por tanto, del Ministerio de Agricultura, no es poner tanto énfasis en lo obvio, sino facilitar la evolución de los diferentes sectores agrícolas de nuestro país, evitando que los precios que perciben los productores se multipliquen de forma incontrolada cuando llegan al consumidor, y defender el nivel de rentas de los agricultores, sobre todo los de aquellas provincias cuya dependencia está más supeditada a un producto determinado y están, aún, muy lejos de alcanzar el nivel medio de la renta per capita de nuestro país, pero, por lo visto, debemos entender que esta provincia debe seguir ocupando uno de los últimos puestos de este ranking.