En vísperas de que el próximo 20 de noviembre se cumplan 37 años de la muerte de Francisco Franco Izquierda Unida ha vuelto a denunciar que el Valle de los Caídos sigue sin haberse convertido en un lugar de reconciliación en el que se honre a todas las víctimas de la Guerra Civil, una queja ante la que el Gobierno se ha limitado a recalcar que se está cumpliendo la ley y que, para mover los restos del dictador, es imprescindible el "consenso" político, social y eclesiástico.

   El portavoz de la Izquierda Plural y secretario general del PCE, José Luis Centella, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso, en las que recuerda que, casi cinco años después de la aprobación de la ley, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a su disposición adicional sexta.

   Esa disposición estable que la fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de la represión política que la siguió".

LO ÚNICO QUE HAN HECHO, COBRAR LA ENTRADA

   El diputado de IU se queja de que desde que tomó posesión el Gobierno de Mariano Rajoy lo único que ha hecho en relación con el Valle de los Caídos es reabrir la basílica tras unas obras y cobrar a 5 euros la entrada.

   "Ni el lugar ha adquirido otro significado para la conciencia colectiva del país, desde el espíritu de reconciliación y respeto al pluralismo del pacto constitucional -tal como señala dicha ley-, ni se ha tenido en cuenta la disposición adicional sexta, que insta a ejercer actuaciones que contribuyan a convertir ese lugar en un ámbito de memoria colectiva democrática, de reparación, verdad y reconciliación", relataba Centella.

   En la misma línea, le reprochaba que tampoco se ha eliminado la simbología franquista propia de la dictadura ni se han tenido en cuenta las recomendaciones de la comisión de expertos creada por el Gobierno socialista para el traslado de los restos mortales del dictador a otro lugar. "No hay que olvidar que miles de víctimas republicanas están enterradas en la propia basílica, contra la voluntad o sin conocimiento de sus familias, junto a los caídos del bando rebelde", señala Centella.

   El Gobierno le ha respondido recalcando que "cumple escrupulosamente" con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Memoria y también con el resto de la legislación civil y la de la Iglesia Católica. Cita, en concreto, el Código de Derecho Canónico de 25 de enero de 1983 en por aplicación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979.

LÉASE EL DIARIO DE SESIONES

   Centella también quería que Moncloa le aclarara si tiene previsto iniciar los trámites para la entrega de los restos mortales del dictador a sus familiares para su traslado a otro lugar. A este respecto, el Ejecutivo le remite al Diario de Sesiones del Senado para consultar la opinión expresada los pasados meses de febrero y julio por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En las dos intervenciones sobre este asunto que ha tenido en la Cámara Alta, ambas a instancias del PNV, la número dos del Gobierno subrayó el compromiso del Ejecutivo para abordar desde el "consenso" el futuro del Valle de los Caídos y la decisión sobre el hipotético traslado de los restos del dictador.

   Además, recordó que, tanto la comisión de expertos nombrada por Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como la Abogacía del Estado hablaron de la necesidad de "consenso social y político" y de la "autorización de la Iglesia" para tomar "cualquier decisión" sobre este tema.