El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que no ha habido trato de favor en el 'Caso Pallerols' después de que Unió Democràtica de Catalunya (UDC) haya aceptado el pago de 388.000 euros para eludir el juicio aceptando su responsabilidad, y ha asegurado que el tiempo que ha tardado la instrucción del proceso es "excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho".
Así se ha manifestado Torres-Dulce a preguntas de los medios momentos antes de dictar la conferencia 'El fiscal como garante de los derechos fundamentales en el proceso penal' en la facultad de Ciencias Sociales de Toledo, donde ha aseverado que "tardar 20 años en la tramitación de un proceso por mucho que tenga complejidad documental es excesivo y afecta al artículo 24.2 de la Constitución donde se refleja el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".
Según el fiscal, esta tardanza "puede llevar a una rebaja de la pena correspondiente en el proceso y teniendo en cuenta las circunstancias se ha llegado al a conformidad de las partes".
En todo caso, Torres-Dulce ha querido matizar que "aunque no hay una pena de ingreso en prisión, hay que decir que ha habido reconocimiento de culpabilidad y se hará una devolución de los fondos públicos, que es uno de los fines que contempla el proceso".
"No se trata de un trato de favor, si no de aplicar la legalidad atendiendo a las circunstancias penosas de dilación del proceso, que es lo que interesa destacar", ha agregado, asegurando que la Fiscalía de Barcelona "ha entendido que las circunstancias concurrentes lo justifican y tengo que aceptar el criterio profesional que han expresado".
En este sentido, ha subrayado que "si se hubiera juzgado a un ciudadano particular en la misma situación, la Fiscalía hubiera actuado de la misma forma, con rigurosidad de la ley".
"MAYOR CELERIDAD"
Eduardo Torres-Dulce ha exigido "mayor celeridad" en los procesos judiciales para que casos como éste no se vuelvan a producir, y ha abogado por adoptar la fórmula de 'el juez del mazo' en los países anglosajones y solventar en menos tiempo los juicios "que no son de necesaria instrucción".
"No se puede justificar un proceso que dure 20 años, es un escándalo y se pagan las consecuencias, la ley ofrece atenuantes por dilaciones que pasan factura en forma de conformidades inevitables", ha dicho.
