El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha accedido a la petición cursada por el sindicato Manos Limpias de cara a solicitar a la Agencia Tributaria que compruebe si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la Infanta Cristina, el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, se han acogido a la amnistía fiscal para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha acordado asimismo oficiar a Hacienda para que le comunique las cuentas corrientes, depósitos y activos financieros que puedan tener tanto Urdangarin como su exnúmero dos al frente de Nóos, y con los que puedan responder a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros decretada contra ambos por el juez, después de que no hicieran frente al pago de la misma.
En la misma resolución, el magistrado ha admitido a trámite los recursos interpuestos por Urdangarin y Torres contra la caución, de forma que será más adelante cuando el magistrado se pronuncie sobre los mismos.
En lo que a la petición de Manos Limpias se refiere, la entidad, personada como acusación popular en la causa, solicitaba como medio de prueba que la Agencia Trubutaria acredite si todos ellos, al amparo del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la amnistía fiscal "como personas físicas" así como por mediación de alguna de sus sociedades.
Más en concreto, Manos Limpias, se refería a las empresas Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Estrategy Innovation Lab, Shiriaimasu, Virtual Strategies, Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a su esposa-, De Goes Center For Stakeholder Management, Blossom Hills, Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS).
Así las cosas, el sindicato busca conocer si tanto los anteriores imputados como la Infanta habrían procedido regularizar la situación tributaria de capitales ocultos o evadidos, amparándose en la anterior normativa, que contempla esta posibilidad a cambio de pagar un gravamen especial, quedando así los contribuyentes exonerados de cualquier penalización o sanción.
"INJUSTO EMPOBRECIMIENTO DE URDANGARIN"
En el caso del inicio de los trámites para embargar los bienes a Urdangarin y Torres, el Duque consideraba que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza de 8,2 millones, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
