Dentro de las acciones que los jueces y magistrados onubenses que rían llevar a cabo en la jornada de huelga de ayer, estaba realizar una jornada de puertas abiertas “para que la prensa y los ciudadano en general pudieran ver la situación en la que trabajamos”, explicó Javier Pérez Minaya, portavoz del comité de huelga.
   Esta jornada de puertas abiertas no se pudo llevar a cabo porque la Junta de Andalucía, a través de las órdenes del delegado de Justicia en Huelva, Enrique Gaviño, impidió la entrada de los medios de comunicación a la Audiencia Provincial arguyendo, según fuentes de la Junta,  que lo hacía “para preservar el buen funcionamiento de los juzgados y la intimidad de los usuarios”. Esta explicación no fue aceptada por los jueces y magistrados para quienes, desde la voz de Minayo, “no quieren que se enseñe las condiciones lamentables en las que trabajamos”, a la vez que lamentó que “esto denota un sentido de Estado mal entendido” y “una muestra más de la injerencia del poder político en el poder judicial”.
   Por su parte, Carmen Orland, del juzgado de Menores, expresó que con la decisión de la Junta “se está mezclando la seguridad con el derecho a la huelga y a la información”.

Principales reivindicaciones
El malestar entre jueces y magistrados ante la negativa de la Junta a que los medios de comunicación entraran en el Palacio de Justicia era evidente, y tuvieron que limitarse a continuar con el protocolo de protesta que habían fijado para el día de ayer. Así, a la una de la tarde, jueces y magistrados, apoyados por compañeros del Ministerio Fiscal, se concentraron en la puerta principal de la Audiencia Provincial, donde procedieron a la lectura de un comunicado en el que expresaban sus principales reivindicaciones.
Así, Esteban Brito, juez Decano de Huelva, fue el encargado de hacer públicas, entre otras, las siguientes reivindicaciones: el rechazo de las injerencias del poder político en el poder judicial; la exigencia de que se cree una nueva oficina judicial; la plena incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo en la administración de justicia; la cobertura de las vacantes existentes; que estas vacantes sean ocupadas por personal cualificado; el establecimiento de una carga máxima de trabajo; la revisión de la planta judicial; la conciliación de la vida laboral y la familiar;  y el aumento de la ratio de jueces por habitantes, con el fin de que pase de los 10 jueces por 100.000 habitantes que hay en la actualidad, “como en Armenia”, a 20 jueces por cada 100.000 ciudadanos. Brito lamentó que tenemos “un esquema de funcionamiento del S. XIX”.
   En la capital, secundaron la huelga 10 de los 31 jueces, lo que supone un 32% .