La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, más conocida como 'Ley Antidesahucios', que le solicitó el pasado 8 de agosto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Tras la reunión de la Junta de Coordinación celebrada hoy, esta institución ha decidido no presentar este recurso argumentando que tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como Stop Desahucios deseaban que se presentara un texto cerrado preparado por ellas.
En este sentido, ha recordado que el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, está obligado a "actuar con plena libertad e independencia de criterio".
Asimismo, tal y como se explica en la resolución comunicada a los interesados, este asunto ha sido sometido ya al Tribunal Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado hoy mismo recurso contra la citada norma.
Por ello, entiende que la intervención de la Defensora del Pueblo no es "necesaria" en este caso para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.
PROTECCIÓN A LOS DEUDORES
No obstante, Becerril ha resaltado que sigue siendo necesario reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para "impedir los efectos nocivos que se han producido".
A su juicio, la ley contiene elementos positivos respecto de la regulación anterior, si bien es todavía necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad. Además, contempla aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.
En abril de 2013, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió limitar los elevados intereses de demora y los gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes que dote al juez de mayores facultades de decisión.
Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.
ACTUACIÓN DE LA PAH
Esta decisión ya ha sido comunicada a la PAH. En los últimos días esta plataforma había intensificado su campaña para lograr que el Defensor del Pueblo respaldara su petición mediante la promoción en redes sociales de las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y difundiendo el teléfono de la Alta Institución animando a los ciudadanos a llamar y mostrar su apoyo al recurso.
El aval del Defensor del Pueblo era una de las vías que ofrece el sistema para que los ciudadanos puedan llegar a recurrir una norma ante el Tribunal Constitucional. La otra posibilidad es conseguir la firma de 50 diputados o senadores, algo en este caso más difícil porque el apoyo anunciado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo al texto de la PAH no supone avales suficientes.
