Alcaldes de PSOE, IU, CiU, CC, Compromís, CHA, ICV y la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno no crea un nuevo proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que esté consensuado con ellos.
Más de 2.000 alcaldes y concejales de diferentes partidos han participado en un acto celebrado en Madrid, en el que ha leído un manifiesto mostrando su posición "radicalmente contraria" a esta reforma local. Los alcaldes han denunciado que el Ejecutivo "pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país".
"Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015", ha indicado el alcalde de La Laguna (Tenerife), Fernando Clavijo.
Para los alcaldes, esta nueva normativa, que se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2014, "erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica".
"Al contrario, el modelo propuesto por el Gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos, pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos", ha declarado el alcalde de IU de Rivas-Vaciamadrid, Pepe Masa.
En este sentido, ha añadido que "servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia o dependencia dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos". "Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del Gobierno", ha apuntado.
Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha indicado que el acto celebrado pretende poner de manifiesto "que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales".
"Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los alcaldes en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores", ha declarado.
Según ha destacado, el texto del Ejecutivo, vulnera el principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local, invade el marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes comunidades autónomas y no mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales.
"Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo", ha declarado Caballero cerrando el manifiesto.
UN ACUERDO PARA CAMBIARLA
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha explicado a Europa Press que si esta ley llega a aprobarse, desde la oposición "la van a cambiar". "Ninguno de los aquí presentes está de acuerdo con esta norma que se ha hecho deprisa y corriendo, pero a lo mejor luego cada uno tiene su propuesta, habrá que dialogar, consensuar, algo que no ha conseguido el PP", ha indicado el socialista.
Además, ha explicado que "al menos en privado, algunos dirigentes y responsables 'populares'" le han dicho "que no están de acuerdo tampoco" con este texto.
Finalmente, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha señalado que el hecho de que "miles de alcaldes de todos los partidos menos PP" estuvieran en el acto "es la muestra mas evidente rechazo que en el mundo local existe ante esta ley". "Lo que se trata es de que en España no haya ciudadanos de primera y de segunda según en donde se viva", ha concluido.
