Los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios, de los que el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8% de otras causas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La institución recuerda que estos datos sobre lanzamientos se empezaron a recoger en 2013, por lo que no se pueden comparar con los de años anteriores.
Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El CGPJ aporta asimismo datos de lanzamientos solicitados en los servicios comunes, que no incluyen todos los partidos judiciales. Así, en el cuarto trimestre de 2013, fueron 17.842, un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2012, de los que terminaron con cumplimiento 11.085, un 10,8% menos que en el ejercicio anterior.
El CGPJ cita entre las posibles causas de este descenso la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013, alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.
La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).
Por último, en cuanto a los procedimiento monitorios (reclamaciones de deudas que consten por escrito), se presentaron 563.176 en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, un 19,5% menos respecto a 2012. Una posible explicación de este descenso, apunta el CGPJ, sería el proceso de implantación de las tasas judiciales.