El Grupo Socialista, con el apoyo y la firma del resto de grupos parlamentarias, a excepción del PP, defenderá en la sesión plenaria del próximo martes una moción por la que se reclama al Gobierno que impulse la tramitación legislativa pertinente para derogar la vigente Ley de la Justicia Universal.

   La iniciativa, que será defendida por el senador por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Tontxu Rodríguez, cuenta con el apoyo y la firma de todos los grupos parlamentarios de la Cámara (CiU, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto), a excepción del Grupo Popular. Aunque la moción iba a debatirse en la pasada sesión plenaria de la Cámara Alta, finalmente ha sido aplazada.

   Rodríguez ha recordado que esta modificación legislativa de la Justicia Universal comenzó con la aprobación de una proposición de Ley Orgánica registrada en el Congreso por el Grupo Popular. Este hecho, ha explicado, impuso el trámite de urgencia y hurtó a la Cámara Baja del necesario debate parlamentario así como de las aportaciones que pudieran efectuar el Consejo general del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado.

   Para el senador vasco, la nueva ley "supone una evidente limitación del ejercicio de la misma jurisdicción universal": "Esta nueva normativa es especialmente grave y significativa en lo referido a los delitos de Derecho penal internacional, algo que no hace sino poner de manifiesto la marcada intencionalidad política de la reforma", ha puntualizado.

   Además, según Rodríguez, la reforma aprobada parte de un presupuesto erróneo al confundir los principios de atribución de la jurisdicción penal con los criterios de resolución de conflictos jurisdiccionales. Del mismo modo, cree que "erróneamente" la reforma amplía la lista de delitos perseguibles mediante el principio de jurisdicción atendiendo al carácter transfronterizo de muchos de ellos.

   En esta línea, el senador ha explicado que lo que requieren los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España es que los Estados apliquen el principio de territorialidad cuando los actos se cometan en su territorio y el de personalidad activa para perseguir los delitos cometidos por sus nacionales fuera de él.

DUDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

   Asimismo, ha apuntado que la reforma introduce un nuevo obstáculo en materia de extradición, al atribuir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una facultad verificadora de las intenciones de los tribunales del Estado requirente que ha iniciado un procedimiento judicial por los mismos delitos.

   Por otra parte, Rodríguez ha señalado que la reforma presenta serias dudas de inconstitucionalidad al diferenciar entre víctimas en función de la naturaleza de los delitos y al eliminar el papel otorgado constitucionalmente a la acusación popular en estos procedimientos. "En definitiva, la constatación de que lo verdaderamente molesto en los delitos de Derecho penal internacional son las víctimas, nunca los verdugos", ha apostillado.

   Por último, Tontxu Rodríguez ha destacado que el mandato contenido en la Disposición transitoria única del texto aprobado --al declarar el sobreseimiento de los procesos en curso hasta que no se acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos establecidos por la nueva norma aprobada--, dista mucho de respetar el principio de separación de poderes consagrado en cualquier Estado Democrático y de Derecho que se precie de serlo.

    "El respeto al Poder Judicial y a la profesionalidad de las personas que lo integran exige confiar en la aplicación que los mismos hacen del derecho en el marco de las atribuciones que les confiere la Ley", ha concluido.