La juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de León ha acordado levantar el secreto de sumario que se ha mantenido en la instrucción del caso de la muerte de la presidenta de la Diputación y del PP leonés, Isabel Carrasco, al considerar que "ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación" de este presunto delito de homicidio.
La ley da un plazo de 30 días para mantener en secreto las actuaciones que se están realizando para aclarar si hay una actuación delictiva y determinar quién ha sido el autor o autores de la muerte de Isabel Carrasco, ocurrida el pasado 12 de mayo. Este plazo termina mañana, 12 de junio, según ha informado el TSJCyL
En este momento, la juez ya ha recibido el informe final de la autopsia practicada al cadáver de Isabel Carrasco que indica que la causa inmediata de su muerte fue un "shock hipovulémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta".
En la instrucción llevada a cabo la juez ha tomado declaración a 22 los testigos entre ciudadanos que han acudido al Juzgado como personas que presenciaron los disparos que recibió Carrasco, amigos de la agente de la policía local imputada Raquel G., y agentes de la Policía.
La juez instructora ha realizado, entre otras diligencias, análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas Montserrat G.R. y su hija Montserrat Triana G.R, posicionamientos de teléfonos móviles, dos registros domiciliarios en la vivienda de las detenidas y un registro de la taquilla personal del la agente policial.
En el registro en el domicilio de Montserrar Triana M.G., la Policía encontró, como hallazgo casual, una cantidad de droga que hace suponer que no es para el consumo y, por tanto, podría ser un presunto delito de tráfico de drogas. Al no tener relación con el delito que se estaba investigando, la juez ha informado ya de este hecho al Decanato de León para que establezca, según las normas establecidas, qué Juzgado debe investigar si existe algún delito.
Por otro lado, la juez está a la espera de recibir el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas.
Además de la acusación pública o Fiscalía, a la causa se han personado -como acusación particular- miembros de la familia de la presidenta de la Diputación mientras que la juez tiene que resolver, tras haber dado ya traslado a las partes y estar a la espera de recibir sus respuestas, si la Diputación de León y el Partido Popular, como instituciones, son admitidas también como partes de este proceso.