El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato tiene de plazo hasta el próximo miércoles para abonar los 3 millones de euros de fianza que le impuso el juez por el escándalo de las tarjetas opacas, mientras su antecesor, Miguel Blesa, ya ha asumido que su patrimonio será embargado al no poder reunir 16 millones.
Ambos trabajan con sus respectivos abogados en los recursos que interpondrán esta semana contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, aunque ello no paralizará la orden de embargo con la que les amenazó si no prestan las citadas cuantías.
Sin embargo, en el caso de Miguel Blesa esa amenaza será efectiva a partir del miércoles, ya que el exbanquero, que sí que reunió 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, da por imposible poder alcanzar esa cifra por no disponer esta vez de la capacidad económica suficiente, según ha podido saber Efe.
El proceso de bloqueo se iniciará con una averiguación patrimonial del imputado, en el que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que dispone.
Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos o pensiones.
Si tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre las mismas.
Mientras, en el caso de que Rato pueda hacer frente a su fianza, podrá pagarla mediante transferencia, aportando un inventario de bienes o avales bancarios.
Las fianzas impuestas por el magistrado a los dos principales imputados por el escándalo de las tarjetas llegaron tan solo tres semanas después de su estallido, cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitaba esta medida, petición a la que se adhirió el FROB, organismo dependiente del Ministerio de Economía.
Andreu accedió ante la "necesidad real" de asegurar sus responsabilidades civiles, pues cree que los dos "consintieron" y "propiciaron" el uso indebido de fondos de la caja mediante un sistema de tarjetas opacas cuyos gastos, que ascendieron a 15,25 millones entre 1999 y 2012, se contabilizaron de forma encubierta para "evitar" los controles de auditores y supervisores.
Por todo ello les señalaba como presuntos autores de un delito de administración desleal, que el Código Penal castiga con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión o una multa tres veces superior al beneficio obtenido.
No le convencieron así las explicaciones dadas por los dos exbanqueros: Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.
El magistrado, que esperará a la opinión de los peritos del Banco de España antes de decidir si imputa o no a los otros 83 titulares, dejaba fuera de tan dura medida al principal beneficiario de las tarjetas, Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien además el informe de Bankia que destapó el escándalo responsabilizaba de su gestión.
Sánchez Barcoj no solo se desmarcó de la creación de las tarjetas datando su origen, como hizo Blesa, en los años 80, sino que señaló directamente al expresidente al situarle como la figura que decidía quién podía disfrutar de ellas y su importe.
De sus afirmaciones se desprende que el listado de beneficiarios de los plásticos es muy superior a los 86 que detectó Bankia, aunque la investigación de Andreu, quien decidió abrir una pieza separada con este asunto, se limita al uso dado por esos exconsejeros y exdirectivos.
Los mismos que durante más de una década gastaron 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
Un escándalo que se ha cobrado la dimisión de más de una docena de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid de sus distintos puestos, la expulsión de afiliados del PSOE, y la apertura de un expediente por parte del PP que podría llegar a echar a Rato, quien en su día sonó como sucesor de José María Aznar.