El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado ante el Pleno del Congreso los dos proyectos de ley que el Ejecutivo remitió en febrero con medidas de regeneración democrática y contra la corrupción, pero tras estos meses de conversaciones ha añadido también otras recetas que se incorporarán en esas leyes y otras en tramitación o de próxima aprobación en Consejo de Ministros.
Formalmente, el debate de este jueves se debía centrarse en los proyectos de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos --que reforma tanto las leyes de Partidos y de su Financiación como la del Tribunal de Cuentas-- y la Ley Reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración.
Esos proyectos de ley, anticipados en el Debate del estado de la Nación de febrero de 2013 y registrados un año después, fueron objeto de negociación entre los partidos la asada primavera y a la vuelta del verano, y ahora se reactivan con idea de aprobarlos antes de que acabe el año. De hecho, los grupos parlamentarios deberán presentar enmiendas parciales este mismo jueves por la tarde.
CÓDIGO PENAL Y LECRIM
Además de anticipar las enmiendas del PP a esos proyectos, Rajoy ha añadido otras recetas que se incluirán en la reforma del Código Penal, que también se va a reactivar este jueves con la presentación de enmiendas parciales, y en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Estas son las principales medidas presentadas este jueves por el presidente del Gobierno:
- El proyecto de ley de actividad económica-financiera de los partidos ya incluía la prohibición de donaciones a los partidos por parte de empresas (personas jurídicas), y de las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda, así como la obligación de hacer públicas las cuentas anuales. Ahora se añadírá, vía enmienda, la reducción del límite anual de donaciones de particulares (personas físicas) para que no superen los 50.000 euros anuales (ahora están en 100.00 al año).
- Toda donación superior a 25.000 euros se deberá notificar al Tribunal de Cuentas y publicarse en la página web de la formación política con identificación del donante.
- Los estatutos de los partidos políticos obligarán a renovar los órganos de dirección en un plazo máximo de cuatro años, coincidiendo con el ciclo electoral natural. Ese proceso será organizado por cada partido "como crea conveniente", siempre que se garantice la participación democrática de los militantes mediante congresos, asambleas, u otras formas de participación.
- En los estatutos de los partidos se establecerán órganos para defender los derechos de los militantes, así como el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por el partido.
- En paralelo, los estatutos de todos los partidos deberán incluir el procedimiento de expulsión para aquellos de sus miembros que hayan sido condenados por la comisión de cualquier delito doloso. De entrada, se decretará la suspensión automática de militancia a personas incursas en un procedimiento penal y en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
LOS JUECES PODRÁN EXTINGUIR PARTIDOS
- Los 4.200 partidos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior deberán adaptarse a la nueva ley y presentar sus cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones o ayudas públicas. Cualquier partido que, en un plazo determinado, incumpla estas obligaciones legales podrá ser extinguido; es decir, el Registro de Partidos Políticos podrá solicitar la cancelación de su inscripción, aunque la última palabra la tendrá la Justicia.
- El Estatuto del Alto Cargo ya prevé la exigencia de presentar, previo al nombramiento, una declaración de bienes, actividades y derechos, certificado de carencia de antecedentes penales por determinados delitos, pero ahora se añade una certificación de su situación tributaria con Hacienda.
- La publicación de las declaraciones de bienes e intereses del alto cargo incluirá más detalles. La información se canalizará en el Portal de la Transparencia que se pondrá en marcha el 10 de diciembre.
- Se mantiene la regulación prevista de los gastos de representación, que incluye la prohibición de utilizar tarjetas de crédito con cargo a la Administración.
- Se reforzarán los medios de la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de incompatibilidades.
- En el Código Penal se incluirá por primera vez la financiación ilegal de los partidos políticos como un delito específico, aunque el presidente del Gobierno no ha precisado la pena.
- Se aumentarán los plazos de prescripción en delitos relacionados con la corrupción. En los supuestos más graves en los que se prevé la pena de inhabilitación, los delitos no prescribirán hasta pasados 15 años (ahora están en diez).
- Las penas de inhabilitación relacionadas con la corrupción se incrementarán.
INSTRUCCIÓN SUMARIAL CON FECHA TOPE
- Para agilizar los macroprocesos, habrá una nueva regulación de la conexidad, de manera que la instrucción de asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin la necesidad de una concatenación de piezas y establecer las posibles responsabilidades penales con agilidad.
- Se fijarán un plazo máximo para la instrucción de sumarios (tiempo no detallado por Rajoy), haciendo compatible los derechos de los imputados y las necesidades de la labor de investigación con la duración de ese periodo.
- Se garantizará la rápida recuperación de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver. Para ellos, se creará una Oficina de Gestión y Recuperación de Activos derivados del delito.
- El Gobierno convocará 100 nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los Presupuestos Generales del Estado del año 2015 e impulsará las nuevas tecnologías en la lucha contra la corrupción.
- La concesión y denegación de indultos se someterá a control parlamentario. Cada seis meses se remitirá un informe y comparecerá el ministro de Justicia en el Congreso.
- Se modificará la Ley de Contratos para aprobar una nueva regulación del perfil del contratante, limitar el uso de los procedimientos negociados y ampliar las prohibiciones de contratar con la administración.
- Por último, se permitirá que los promotores de una Iniciativa Legislativa Popular comparezcan ante el Parlamento, en la comisión que se determine, no en el Pleno, para presentar su propuesta antes de que se debata en sesión plenaria.