El presidente de EEUU, Barack Obama, dejó ayer la puerta abierta a posibles imputaciones de altos cargos del Gobierno de George W. Bush que autorizaron el empleo de técnicas de interrogación coercitivas contra sospechosos de terrorismo. 

El mandatario estadounidense reiteró a la prensa su oposición a que se abra un proceso judicial contra los funcionarios de la CIA que aplicaron esas técnicas a los detenidos, pero dejó en manos del Fiscal General la decisión sobre un posible enjuiciamiento de aquellos que autorizaron con argumentos jurídicos prácticas como la asfixia simulada. 

Obama explicó que, “con respecto a aquellos que formularon esas decisiones jurídicas, diría que eso será más una decisión para el Fiscal General dentro de los límites (fijados) de varias leyes y no quiero emitir un juicio anticipado sobre esto”. 

Previamente, durante un discurso en la sede central de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Langley (Virginia, EEUU), el presidente pidió a sus agentes que defiendan los valores e ideales estadounidenses en el cumplimiento de su misión. 

Sus palabras llegan poco después de la publicación el pasado jueves de varios documentos hasta entonces secretos que detallan cómo el anterior Gobierno dio luz verde a la CIA para poner en práctica técnicas de interrogatorio consideradas ahora de tortura.