El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto del PP y de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que cambia las leyes de financiación, de partidos y del Tribunal de Cuentas.

   Se trata de una de las leyes anticorrupción que presentó al Congreso el presidente Mariano Rajoy el 27 de noviembre y que impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna. Entre otras cosas, prohíbe condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.

   La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral ('mailing'), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).

   Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que "irán de la mano del gasto social" de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.

   Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.

   Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).

MEDIDAS INSUFICIENTES

   Todos los partidos han coincidido en elogiar los avances introducidos en ponencia en las últimas semanas, pero la oposición sigue pensando que el resultado es insuficiente y, dado el contexto de los casos Gürtel y Bárcenas que afectan al PP, ha preferido desmarcarse.

   Sólo PNV, CiU, CC y UPN han aceptado dar su voto a favor, pero quejándose de que deja sin resolver algunos asuntos como la suficiencia financiera de los partidos políticos. "Sale paticorta", ha comentado el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban.

   Los demás han declinado dar apoyo al proyecto de ley, pero no por las medidas que contiene, que las respaldan, sino por considerar que se debía haber ido más lejos. "Esta norma puede ayudar, pero que nadie lo tome como un punto cero", ha resumido el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres.

   Según Joan Baldoví, de Compromís-Equo, es positivo avanzar en el control de las finanzas de los partidos, "aunque sea tímidamente". pero el hecho de que el PP tenga "también mayoría absoluta en casos de corrupción" les impide apoyar la ley

   Para Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PP no ha mostrado suficiente "voluntad de regeneración", pues tenía que haber incluido la reforma electoral, mientras que Alfred Bosch, de ERC, justificó su voto en contra porque la ley no es lo suficientemente estricta.

   UPyD, que en el trámite anterior en la Comisión Constitucional se había abstenido, ha pasado al voto en contra porque los últimos episodios en relación con el caso Bárcenas ponen de manifiesto, según Carlos Martínez Gorriarán, que el PP "no tiene ninguna intención de cambiar de prácticas" y que se escudan en "el viejo pitorreo de leyes enmarañadas".

LA "MALDICIÓN" DE LOS CASOS ABIERTOS

   Desde el PSOE, José Enrique Serrano ha reconocido compartir las medidas contenidas en el proyecto de ley pero se ha decantado por la abstención por la "maldición" de los casos judiciales que enmarcan los debates, y concreto la puesta en libertad de Luis Bárcenas, que a su juicio es quien "mejor ejemplifica" la corrupción.

   El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, se ha quejado de quienes no quieren acabar con la corrupción para "utilizarla con fines electorales para sacar réditos".

   "Abundan los adanes que presentan la corrupción como algo que es de todos, menos de ellos, pero hace falta más que palabrería, un eslogan o un charlatán para acabar con esta lacra que desangra la vida pública", ha indicado.

   El dirigente del PP se ha comprometido a "terminar con la corrupción" dejando claro que quienes se sirvan de ella no van a tener "un día de tregua" y que "no les va a salir gratis".