El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido este jueves la actuación de las fuerzas de seguridad ante la fuga del etarra Alberto Plazaola, tras ser anulada su excarcelación por el Tribunal Supremo, alegando que estaba en libertad sin condiciones, que la justicia no había decretado medidas de seguridad y que cualquier vigilancia habría sido ilegal.
"De la misma manera que Santi Potros pudo ser detenido cuando se recibió la correspondiente orden, en este caso se estableció el dispositivo de vigilancia para detenerlo y ponerlo a disposición judicial cuando se recibió la correspondiente orden judicial. Antes hubiera sido ilegal por parte de la Guardia Civil o por parte de la Policía", ha resaltado Fernández Díaz a su llegada a la reunión de ministros del Interior de la UE.
"Ese etarra fue puesto en libertad sin condiciones, no en libertad condicional", ha proseguido el ministro del Interior, y por ello "si ejercieras sobre él una vigilancia estarías incurriendo en una ilegalidad".
"Si a la Policía o a la Guardia Civil se le hubieran dado órdenes en cuanto a mantener una seguridad sobre esa persona, no dude usted de que evidentemente esa persona hubiera sido vigilada y hubiera sido detenida en el momento en que la autoridad judicial lo hubiera dispuesto", ha sostenido Fernández Díaz.
El ministro del Interior confía en que la UE no acabe anulando la interpretación de la justicia española sobre la norma europea sobre acumulación de las condenas cumplidas por presos en diferentes Estados miembros de la UE como ocurrió con la doctrina Parot.
"Yo no sólo no cuestiono sino que respeto plenamente las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Confío en que no se reproduzca lo que se produjo con la derogación de la doctrina Parot. No es un referente, no es un modelo", ha insistido.
"No tengo la menor duda de que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ajustado a derecho y, si hay un sistema especialmente garantista en la UE, es el Estado español, que resiste con ventaja la comparación desde el punto de vista de garantías con otros estados democráticos", ha apuntado el ministro del Interior.
El Supremo ha fijado como criterio general que las condenas cumplidas en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea no deben ser restadas a las impuestas en España.