El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 15 de julio como imputado a Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y un día antes a su exsocio Luis Iglesias en el marco de la causa en la que investiga el origen del patrimonio del primero, informaron fuentes jurídicas.

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 toma esta decisión en una providencia dictada este miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió su declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

   Los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, pidieron el martes que Pujol e Iglesias, que fueron socios en la empresa Drago Capital, declaren como imputados, al considerar que las operaciones financieras por las que son investigados podrían contener "elementos de defraudación tributaria" con "relevancia criminal".

   En su petición, a la que tuvo acceso Europa Press, los representantes del Ministerio Público destacaban la "necesidad" de que los dos antiguos socios presten declaración "referida a los hechos que han introducido tanto la denuncia prestada por la Fiscalía como los que han ido conformando el aspecto objetivo del objeto procesal".

   La solicitud, que se produce ocho meses después del registro del domicilio y el despacho de Oleguer Pujol, se realiza después de que la Agencia Tributaria haya puesto de manifiesto en al menos tres informes, "de una manera más o menos extensa", que en la actuación de ambos existen "elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal".

TRES INFORMES QUE APUNTAN AL DELITO

   En concreto, en la causa consta un escrito firmado el pasado 26 de marzo por la delegada especial de la Agencia Tributaria en el que se apunta que del expediente administrativo de comprobación inspectora relativo a Iglesias "se desprende la posible existencia de cuotas impositivas defraudadas en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por importe superior a 120.000 euros".

   En otro informe fechado el 11 de febrero de 2015 el organismo tributario señaló, en relación al "entramado societario domiciliado fiscalmente en Madrid" por Pujol e Iglesias, la existencia de "indicios de posibles ilícitos penales, fiscales y de otra índole". Asimismo, un tercer informe de la Agencia Tributaria en Cataluña fechado el 1 de abril pasado señalaba que Pujol habría podido incurrir en "un presunto delito contra la Hacienda Pública".

   Además, la Fiscalía reclama esta declaración a partir de otros tres informes elaborados los días 23 de marzo, 20 de mayo y 1 de junio pasados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que analizó la documentación aprehendida en los registros del piso y el despacho de Oleguer Pujol, que se produjeron el 23 de octubre de 2014.

ARCHIVO DE ACTUACIONES

   En su escrito Anticorrupción también pide el "sobreseimiento libre" de las actuaciones contra las esposas de Pujol e Iglesias, Sonia Soms y María Zaplana, respectivamente, y el notario Antonio Morenés. En el despacho de este último, ubicado en la calle Serrano de Madrid, se formalizó la constitución de la empresa Samos Servicios y Gestiones, que firmó en noviembre de 2007 la compra de 1.100 sucursales del Banco Santander por un total de 2.177,38 millones de euros.

   Además de esta operación el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga la compra de un hotel en Canarias, por valor de 8 millones de euros, que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

   El magistrado inició la investigación tras admitir a trámite parcialmente una querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona en la que se denunciaban las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

   En marzo pasado el juez rechazó proceder al embargo de la parte de la venta del edificio del Grupo Prisa en la Gran Vía de Madrid que le correspondería como socio de la compañía Drago Real Estate Partners, propietaria de la mitad del capital de la empresa que se hizo con el inmueble.