El Ministerio de Justicia, liderado por Rafael Catalá, estudia la responsabilidad patrimonial del Estado ante el caso de la profesora norteamericana Laura Cerna asesinada en agosto de 2010 por Antonio Gordillo, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntara a un "funcionamiento anormal" de la Administración de Justicia, ya que Gordillo había sido condenado en octubre de 2009 por la Audiencia de Cádiz a un año y seis meses de prisión.
Según el documento que refleja los acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ, recogido por Europa Press, el órgano judicial ha aprobado a finales de abril el informe emitido sobre la reclamación patrimonial del Estado planteada por la familia de Laura Cerna, un informe en el que el Consejo apunta al "funcionamiento anormal" de la Administración de Justicia.
Tras esto, será el Ministerio el que decida si hay o no responsabilidad y, en caso de que considere que existe, las cantidades que se estipulan, que suelen ser "muy pequeñas", según explica a Europa Press el abogado que presentó esta reclamación en 2014 en nombre de la familia, Pablo Ollero, quien subraya que se trata principalmente de que exista "un reconocimiento moral".
Así, detalla que el primer paso ha sido este informe "donde se advierte del funcionamiento anormal" de la Audiencia de Provincial de Cádiz, ya que Gordillo, tal como adelanta Diario de Sevilla, estaba condenado desde octubre de 2009 por la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz como autor de un delito de lesiones a la pena de un año y seis meses de prisión tras una pelea.
"Ahora se está analizando si hay causalidad", añade Ollero, que deja claro que la aprobación de este informe por parte del CGPJ es "un paso importantísimo". "Un ciudadano ha soportado lo que no tenía que soportar, que en este caso es la muerte", sentencia.
EL CASO
Gordillo ha sido condenado a 19 años por asesinar y descuartizar en agosto de 2010 a la profesora norteamericana Laura Cerna en una vivienda del Tiro de Línea de la capital hispalense. Además, lo condenaba a pagar una indemnización de 13.282,17 euros a cada uno de los padres y de 159.386,12 euros al marido de la víctima, que también ejercía la acusación particular en este caso. Asimismo, establece que indemnice al hijo de Laura con 10.217,05 euros si tenía menos de 25 años en el momento de los hechos, y en 13.282,17 euros si superaba esa edad.
El jurado consideró probado que, en la madrugada del 30 de agosto, víctima y acusado se encontraban en casa de este último cuando se inició una discusión en el curso de la cual Antonio Gordillo le propinó varios golpes y un fuerte puñetazo en el ojo derecho que hizo que cayera al suelo en estado de "inconsciencia total o parcial", tras lo cual la llevó al cuarto de baño.
Una vez allí, según este relato de los hechos, el acusado empleó un cuchillo de cocina para propinarle cuatro puñaladas "dirigidas a la zona del corazón" y realizadas "con mucha violencia", ya que todas ellas "seccionaron cartílagos y costillas". Una de estas puñaladas le causó una lesión perforante en el ventrículo derecho del corazón que le provocó la muerte, añadió el jurado, que consideró probado que las puñaladas fueron asestadas "con intención de causarle la muerte". A continuación, y según el veredicto, el acusado cogió una maleta para meter el cuerpo, que desnudó, pero como no cabía le cortó la cabeza y el brazo derecho.
