El Gobierno ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones.

Así consta en la impugnación de la propuesta independentista aprobada el pasado lunes que ha registrado este mediodía la Abogacía del Estado en el TC, en la que el Gobierno pide la suspensión inmediata de la moción y de todos sus efectos.

También reclama que se les aperciba del posible delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento.