El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles una iniciativa de Compromís, con aportaciones del grupo socialista, por la que se insta al Gobierno central a retirar el recurso que impuso contra la ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular. Compromís, PSPV y Podemos han votado a favor, mientras que el PP lo ha hecho en contra y Ciudadanos se ha abstenido.
Así lo han acordado después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley valenciana de atención sanitaria universal, lo que supone la suspensión automática de la normativa recurrida.
Compromís presentó una proposición no de ley en la que pedía que el Gobierno derogara el decreto que dejó sin asistencia sanitaria a las personas migrantes, pero posteriormente presentó una enmienda en la que añade al texto de la propuesta de resolución otro en el que insta al Gobierno a retirar su recurso. El PSPV ha presentado una enmienda, que Compromís ha aceptado, en la que también se pide que se levante la suspensión de la ley.
La diputada de Compromís Isaura Navarro se ha preguntado: "¿Qué le molesta al PP, que atendamos a la gente?" y ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no respeta que aquí en nuestra comunidad ha ganado la izquierda y eso significa recuperar derechos, no discriminar e invertir en políticas sociales para todos, sin exclusión".
"Mientras unos optan por la discriminación e intento de crear ciudadanos de diferentes categorías, otros concebimos el mundo como un lugar de iguales", ha resaltado la parlamentaria de Compromís, quien ha resaltado que "la atención sanitaria es una obligación pública para todas las personas".
Del mismo modo, ha manifestado que "no hay ningún criterio médico profesional que ampare la medida adoptada" y, además, ha manifestado que por encima del decreto del Gobierno central "están los tratados internacionales y la obligación de atender a todas las personas".
Por su parte, la diputada del PP María José Català ha manifestado que la consellera de Sanidad, Carmen Montón "ha quedado desautorizada y manifiesta una preocupante torpeza jurídica, la suficiente para ser relevada de su cargo inmediatamente".
"REPÚBLICA BANANERA"
"La señora Montón tiene que dimitir por incompetente", ha resaltado. El socialista Ignacio Subías le ha replicado: "Lo que ha hecho esta consellera es recuperar derechos". Català le ha respondido que "la consellera no sabe ni de leyes ni de sanidad" y ha manifestado que "no podemos ir, cual república bananera, haciendo cada comunidad autónoma lo que le da la gana".
María José Català ha subrayado que el decreto del Consell es "inconstitucional porque invade competencias del Estado" y ha advertido de que si se elimina el decreto del Gobierno como propone Compromís y el PSPV "los parados dejarían de tener asistencia sanitaria y tendrían que pagar en la farmacia.
"FUMARSE UN PURO"
También ha acusado a los partidos que apoyan a la Generalitat de querer "judicializar la política". En su opinión, "quieren que nos fumemos un puro con el auto" del Constitucional". "Nadie pide que no se acate un auto del Tribunal Constitucional, sino la derogación de un decreto que ha hecho mucho mal", ha replicado Isaura Navarro.
Desde el PSPV, el diputado Ignacio Subías ha denunciado que el decreto ley del Gobierno de Rajoy ha supuesto "el mayor ataque al estado social y de derecho y al sistema pública" y ha criticado esta "contrarreforma sanitaria". También se ha referido al "medicamentazo" que "afectaba básicamente a discapacitados, crónicos y personas mayores".
"Queda poco tiempo para el 20 de diciembre, y a principios año que viene con un Gobierno nuevo que nadie se preocupe porque se derogará el decreto 16/2012", ha dicho Subías.
"CONTRARREFORMA SANITARIA"
Podemos también se ha mostrado a favor de la iniciativa de Compromís y el PSPV. Para el diputado Daniel Geffner, el decreto ley del Gobierno central supone "una verdadera contrarreforma sanitaria que recorta derechos y agrede a las personas más vulnerables".
Por su parte, Ciudadanos se ha abstenido en esta votación porque, tal y como ha manifestado Juan Córdoba, "por respeto institucional y lealtad a los procedimientos legales debemos acatar la decisión del Tribunal Constitucional en el marco de la garantía jurídica".
"Entendemos la contrariedad que supone para algunos partidos de esta Cámara tener que paralizar una de sus medidas estrella", ha dicho Córdoba, quien ha instado a esperar a la resolución final del Constitucional".
