“Las autoridades militares birmanas anunciaron esta mañana la anulación del artículo 10 b (del Código Penal), por el que Aung San Suu Kyi permanecía bajo arresto domiciliario”, dijo el abogado Nyan Win, que defiende a la opositora birmana en el tribunal especial establecido en la prisión de Insein, a las afueras de Rangún.
“Esto quiere decir que el arresto domiciliario se ha acabado. El resultado de la anulación es que ella no está por más tiempo amparada por Ley de Protección del Estado”, explicó el letrado.
La implicación de la medida en el juicio que se sigue no está muy clara porque se acusa a Suu Kyi, de 63 años, de haber violado los términos de su arresto domiciliario y su defensa se fundamenta en que si hubo un intruso en su casa la culpa recae sobre los cuerpos de seguridad del Estado que estaban a cargo de la vigilancia.
“Ella ha dicho (en la vista oral de ayer) que no cometió delito alguno porque estaba detenida por las fuerzas de seguridad. Si la vigilancia hubiese sido la adecuada, el estadounidense no hubiera entrado”, detalló Nyan Win, en declaraciones a otro medio de la disidencia.
El estadounidense John William Yettaw, de 53 años, se introdujo en la casa de Suu Kyi a principios de mayo y fue detenido el 6 de mayo.
Yettaw ha declarado en el juicio que se celebra contra él que quiso avisar a Suu Kyi de que su vida corría peligro porque había tenido una premonición.
La ONU y gobiernos de todo el mundo llevan desde que la Nobel de la Paz fue detenida, ingresada en Insein y acusada formalmente, hace dos semanas, pidiendo su liberación y la de todos los presos políticos del país, en total 2.156, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Birmania.
Birmania está gobernada por una Junta Militar desde el golpe de Estado del general Ne Win en 1962.