El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes plantear en el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra la Generalitat de Cataluña por la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, al entender que la política internacional es competencia exclusiva del Estado.
El Gobierno acude al alto tribunal con el informe favorable del Consejo de Estado y de la Abogacía y solicita además que se suspenda el decreto por el que se crea ese departamento; entiende que, de seguir funcionando, "podría generar consecuencias contrarias al ordenamiento jurídico", ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado el recurso tras el Consejo de Ministros de este viernes y ha denunciado que la Generalitat da pasos que incumplen la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración de independencia; éste es uno más, ha dicho.
Rafael Catalá ha explicado que si el TC admite a trámite el recurso y suspende la norma por la que se ha creado este departamento, la Generalitat tendrá que decidir si lo suprime o le cambia el nombre y sus atribuciones, pero después también tendrán que ser legales las actividades de quien esté al frente.
Ha recordado que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado exige que las comunidades autónomas coordinen con el Gobierno cualquier actividad internacional que quieran desarrollar "dentro de sus competencias".
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROCESO
El Gobierno basa su recurso en que sólo el Estado tiene atribuciones en política exterior (artículo 149 de la Constitución), como el propio Tribunal Constitucional ha dejado claro en diversas sentencias, ha recordado Catalá. Considera que la creación de este departamento forma parte del empeño de la Generalitat de Cataluña por difundir internacionalmente su proceso independentista.
Rafael Catalá ha reiterado el mensaje de que el Gobierno está en funciones, "pero el Estado de Derecho, no" y mantiene la "tutela, vigilancia y garantía" de que se cumple la Constitución.
También ha querido dar normalidad a este conflicto de competencias, puesto que el Ejecutivo y la Generalitat han intercambiado en esta legislatura impugnaciones ante el TC por desacuerdos sobre distintas leyes y actuaciones. "Este no es más que un ejemplo más de una discrepancia que se solventa por los cauces ordinarios", ha dicho.
