Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pide derogar la Ley de Telecomunicaciones --que fue aprobada en 2014 con el respaldo de PP, PSOE y CiU-- y aprobar una nueva normativa "consensuada" que, entre otras cosas, acabe con la posibilidad de que las teleoperadoras expropien azoteas para poder instalar antenas de telefonía.
El texto, que recoge Europa Press y que será debatido en la Comisión parlamentaria de Industria, defiende que la necesidad de potenciar un sector tan importante como el tecnológico "no se puede priorizar por encima de la protección de la salud ni de los derechos de la ciudadanía".
Algo que, a juicio de la formación morada, sucede con la actual normativa, que "ignora" las directrices europeas, no garantiza los objetivos de la Agenda Digital, "desregula lo público en beneficio de las grandes operadoras" e invade competencias municipales y autonómicas.
"No sólo se quita a los ayuntamientos de en medio, sino que también se limita cualquier posibilidad que tengan los vecinos de oponerse a la instalación de una antena", argumenta Podemos, recordando que la instalación de antenas se puede hacer con una simple autorización del Ministerio.
SIN PROTECCIÓN DE LA SALUD
Además, la iniciativa critica que la ley "renuncia a adoptar los más elementales principios de precaución" al no incluir medidas de protección frente a posibles impactos de las ondas electromagnéticas frente a la salud.
"Es necesario que, en el marco de discusión de una nueva Ley de Telecomunicaciones, se lleve a cabo un debate que ayude a determinar el justo equilibrio entre desarrollo tecnológico y protección de los derechos fundamentales a la salud y del medio ambiente", pide Podemos.
Por ello, propone presentar un nuevo proyecto de ley del que puedan participar todas las administraciones y la sociedad civil, y que, en todo caso, "elimine la capacidad de expropiar determinadas propiedades privadas por parte de la Administración General del Estado en beneficio de las operadoras sin el acuerdo con los ayuntamientos y los propietarios implicados".
Además, las competencias de planificación y autorización de este tipo de dispositivos debe volver a los municipios, se debe crear un Observatorio Permanente sobre la incidencia de las ondas electromagnéticas sobre la salud de las personas, y se tienen que utilizar las innovaciones tecnológicas para medir y publicar información a este respecto.