El Tribunal Supremo deberá pedir permiso al Senado si decide investigar a la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá por blanqueo de capitales, como le ha propuesto en una exposición razonada el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, ya que es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta y seguirá aforada aunque se disuelva el Senado el próximo 2 de mayo por la repetición de las elecciones.
Una vez que estudie la documentación del Juzgado valenciano, el Tribunal Supremo tiene que decidir si acepta o no el asunto en un plazo de tiempo indeterminado y que puede prolongarse. Si admite la investigación pasado el 2 de mayo, es muy posible que las Cortes se hayan disuelto porque no se ha elegido un Gobierno y que se convoquen elecciones.
A partir de entonces, los parlamentarios nacionales dejarán de serlo salvo los miembros de la Diputación Permanente y este es el caso de Rita Barberá: es miembro suplente de este órgano del Senado por lo que no perderá la condición de senadora ni por tanto el aforamiento.
Es decir, si el Supremo encuentra indicios y decide investigar a la ex alcaldesa de Valencia, deberá pedir al Senado que le retire esta protección mediante la aprobación de un suplicatorio. Se da la circunstancia de que sería la misma Diputación Permanente la que tendría que estudiar y votar precisamente si lo concede o no, salvo que para entonces hayan transcurrido las elecciones y constituido un nuevo Senado.
EL AFORAMIENTO NO ES PROTECCIÓN, DICE EL PP
El juez del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, acaba de enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo con la parte que afecta a la exalcaldesa. El instructor subraya las sospechas sobre las cuentas del PP municipal y la relación de Rita Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y cree que las explicaciones dadas por la senadora son "insuficientes" para excluir su posible implicación.
El PP ha negado siempre que la inclusión de Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado sea una forma de protegerla ante una posible causa judicial e insiste en que si tiene que ser juzgada, lo será.
El asunto ha provocado el debate en el Senado en las últimas semanas. El PSOE propuso una reforma constitucional urgente para eliminar el aforamiento de los parlamentarios, pero el PP la rechazó e hizo una contraoferta: una ponencia de estudio para reformar esta figura jurídica y no sólo en lo que afecta a los políticos, sino al resto de profesiones y representantes del Estado protegidos por este fuero.
