El juicio por la tragedia del Madrid Arena quedará este viernes visto para sentencia tras cuatro meses de intensas sesiones en las que nadie ha asumido su grado de responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes por una avalancha mortal.
La conclusión vendrá con el turno a la última palabra de los acusados. Muchos no harán uso de este derecho. Sí lo hará Flores, quien defenderá de nuevo su inocencia. Además, no pedirá perdón al no creer que tenga ninguna responsabilidad en los hechos, aunque lamentará lo sucedido, según su defensa.
El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, María Luisa Aparicio, ha dirigido las sesiones con más celeridad de lo que se esperaba en un principio, dado que finalizará un mes antes de la previsto.
Miguel Ángel Flores, el principal acusado, responsabilizó tanto en instrucción como en su declaración al plenario al Ayuntamiento de Madrid de la tragedia por las deficiencias estructurales del edificio municipal.
Al igual que el empresario, ninguno de los acusados ha asumido en la vista oral su supuesta parte de responsabilidad. Flores apuntó a Madrid Espacios y Congresos (Madridec) --la gestora del edifico-- como la máxima responsable del evento, mientras que estos a su vez señalaron como culpables a los controladores de Kontrol 34 por abandonar sus puestos de trabajo y empujar a los asistentes, provocando caídas en el público que dieron lugar a las diferentes avalanchas.
Seguriber, la empresa responsable de la seguridad en el interior, culpó a Madridec de abrir un portón de mercancías por donde se colaron miles de jóvenes, masificando la pista en la hora en la que se produjo la avalancha. La empresa no asume su parte de responsabilidad a pesar de que el vigilante de cámaras que debía ser "los ojos" del evento se ausentó de la sala durante las horas en las que se produjeron las avalanchas. En su declaración aseguró que su función era comprobar que las cámaras funcionaban.
Mientras que los responsables de la enfermería, el doctor Simón Viñals y su hijo Carlos, han culpado a Flores de las limitaciones del botiquín. A los Viñals se els acusa de dar por muertas a dos de las víctimas cuando estaban en parada cardiorrespiratoria, una afirmación de a fiscal que su abogado ha tachado de "injustas" ya que existen evidencias que muestran lo contrario.
En cuanto al operativo policial, el exjefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo responsabilizó del descontrol policial a la oficial de Moncloa, jefe del diseño del despliego policial de esa noche. La defensa de Monteagudo acusó a Cándida Jiménez de mentir en lo relativo a que se le negaran los refuerzos y otras cuestiones como el hecho de que alertara de lo que estaba sucediendo.
SOBREVENTA DE ENTRADAS
En su declaración, Flores reprochó al Ayuntamiento, y concretamente a la empresa municipal Madridec, responsable del pabellón, que "jamás" le mostraran un Plan de Autoprotección, recalcando que pensaba que el edificio tenía licencia municipal. También les acusó de que "lo hicieron mal" y que le obligaron a él "a hacerlo mal".
"Yo desconocía completamente la situación del edificio anterior a esta tragedia. No acuso al Ayuntamiento, sino a las personas que conocían en el año 2010 que las cosas se hacían mal y que a mí me lo hacían hacer mal", dijo entonces.
Durante la prueba del juicio, según la fiscal, ha quedado acreditado que se vendieron casi 17.000 entradas y que Flores puso a la venta casi 37.000.
Sin embargo, el abogado que defiende al empresario sostuvo en su informe final que no existió "la sobreventa" de entradas por parte de su cliente, criticando la "visión apocalíptica" que han difundido los medios de comunicación. Pese a esta afirmación, multitud de imágenes exhibidas en la vista han demostrado que la pista estaba visiblemente masificada.
Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.
En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el 'número dos' de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero,.
Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.
La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por "un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos". Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.
HECHOS JUZGADOS
La fiscal sostiene que la noche de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por "la aglomeración de personas" en los vomitorios.
Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria" a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.
Destaca que ambos realizaron "insuficientes y deficientes compresiones torácitas" sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, "omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad".
En cuanto a las indemnizaciones, la fiscal pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.
