El 86% de los crímenes ambientales contra la Amazonía brasileña permanecen impunes, según un estudio de la organización no gubernamental Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) divulgado ayer por el diario 'O Globo'.

De acuerdo con el estudio, además de apenas tener un 14% de posibilidades de sanción, las personas que destruyen áreas protegidas en la mayor selva tropical del mundo saben que en la mayoría de los casos podrán sustituir su pena por castigos como la donación de alimentos.

De las personas condenadas por devastar áreas protegidas en el llamado pulmón del mundo, casi la tercera parte consiguió sustituir su condena por una pena alternativa.

Tras analizar 51 procesos abiertos por la justicia brasileña por crímenes ambientales en la Amazonía entre 1997 y 2006, Imazon concluyó que 16% habían prescrito, 4% habían sido archivados por falta de pruebas y otros 66% estaban en tramitación pero a pasos muy lentos.

Según el estudio, el 50% de los casos demoraron más de 318 días antes de comenzar a ser investigados y las investigaciones policiales demoraron en promedio 1.047 días antes de que la denuncia sea presentada ante la justicia.

Antes de prescribir o terminar en una condena, un proceso en un caso de crimen ambiental se extiende por cerca de 5 años y medio.

“Pese a que hay un esfuerzo de la policía, el gobierno y la justicia para agilizar esos procesos aún será necesario mucho tiempo para que las medidas adoptadas surtan efectos. La única salida por el momento es garantizar una vigilancia constante de las reservas ambientales”, asegura el investigador Paulo Barreto, uno de los autores del estudio.

Según Imazon, el 42% de la Amazonía está protegida legalmente contra la deforestación por ser reserva ambiental, reserva indígena o unidad de conservación.

Pese a ello, cerca de 22.500 kilómetros cuadrados de áreas protegidas en la Amazonía fueron devastadas entre 2000 y 2008 por la tala ilegal de los bosques y la expansión de la agricultora y la pecuaria a áreas antes selváticas.

Según los autores del estudio, la impunidad en que quedan los crímenes ambientales contra la Amazonía obedece principalmente a que los organismos responsables de las investigaciones tardan mucho en actuar.

Cuando finalmente un proceso llega a la justicia, los pocos jueces federales que hay en la Amazonía carecen de recursos logísticos y financieros para acelerar el proceso.

“La justicia es lenta en todo Brasil, pero en la Amazonía es mucho más morosa”, asegura Barreto.