El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, alertó de que la propuesta de resolución de JxSí y la CUP a favor de convocar un referéndum independentista antes de septiembre de 2017 podía vulnerar las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) pero la Mesa de la Cámara, en la que JxSí tiene mayoría absoluta, alegó que prohibir la votación sería atacar a la "libertad de expresión".

Según el acta de la reunión de la Mesa previa a la celebración del Debate de Política General, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bayona advirtió de "la posibilidad de que el TC pueda considerar que se produce un incumplimiento" de las sentencias e interlocutorias que anulan la hoja de ruta independentista e instan a los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern a paralizar cualquier iniciativa relacionada.

C's, PSC y PP pidieron a la Mesa que reconsiderara su decisión de admitir a trámite la propuesta de resolución de JxSí y la CUP con el objetivo de impedir que se votara el referéndum en el pleno, pero la Mesa desestimó sus peticiones desgranando varios motivos.

Alegó que los dictámenes del TC se referían a resoluciones que tenían un contexto propio y diferente al del Debate de Política General en el que se votó el referéndum, y que pedir a la Mesa que prohíba propuestas "a favor o en contra del 'derecho a decidir', la autodeterminación el referéndum, la reforma de la Constitución, la independencia, etc., es, además de una función que no le corresponde, un ataque directo contra la libertad de expresión".

Prosiguió diciendo que esta apelación a la subjetividad de la Mesa para resolver la aplicación de suspensiones del TC por actos parlamentarios anteriores comportaría "una arbitrariedad en su resolución que podría acabar vulnerando los derechos de todos los diputados".

"Esta Mesa no considera que ninguna de las resoluciones citadas por los grupos que piden la reconsideración esté concernida por los requerimientos del TC", aseguró.

Y precisó que, "en caso que así fuera, la colisión jurídica entre un requerimiento genérico referido a actos anteriores y los derechos de participación, iniciativa y libertad de expresión de los diputados, debe interpretarse claramente en favor de estos últimos".

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Explicó también que la propuesta de resolución del referéndum se enmarcaba en el Debate de Política General: "No es ni una tramitación legislativa, ni ninguna otra iniciativa de las que determina el Reglamento de Parlament para usar el 'ius in officium' de los diputados y el derecho a iniciativa de los grupos parlamentarios".

Aseguró que la propuesta de JxSí y la CUP incluía temas --como el proceso constituyente y las relaciones con el Estado-- que, de manera implícita o directa, también eran tratados por el resto de grupos en sus respectivas iniciativas, y apeló al artículo 152 del Reglamento del Parlament que indica que la Mesa debe admitir las iniciativas "congruentes con la materia que ha sido objeto de debate".

De acuerdo con la doctrina del Parlament, la jurisprudencia y la doctrina respecto a las funciones de la Mesa, el órgano rector de la Cámara aseguró que debía limitarse al análisis de los requisitos formales sin entrar "en ningún caso" en el contenido de las iniciativas.

Por todas estas explicaciones, la Mesa decidió desestimar la petición de reconsideración de C's, PSC y PP, cuyos representantes manifestaron su disconformidad con esta decisión.

De hecho, el vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (C's), y el secretario segundo, David Pérez (PSC), emitieron un voto particular y quisieron dejar constancia de ello en el acta.

En el escrito en el que explicaban su voto, recogido por Europa Press, ambos recordaron que el TC advirtió a los miembros de la Mesa; a su presidenta, Carme Forcadell; al entonces secretario general del Parlament, Pere Sol, y a los miembros del Govern de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o aludir la suspensión, avisando de eventuales responsabilidades penales en caso de desobediencia.

Por ello, argumentaron que la propuesta de resolución para celebrar un referéndum independentista suponía "una violación evidente de la sentencia del TC relativa a este asunto", y consideraron que no procede su admisión a trámite.