Los quince diputados socialistas que han desobedecido votando no a la investidura de Rajoy serán sancionados previsiblemente por la dirección de su grupo con multas de 600 euros, sin perjuicio de que la gestora pueda iniciar, por su parte, el procedimiento estatutario que conduce a su expulsión.
Tanto los díscolos como otras fuentes del grupo socialista dan por segura la multa de 600 euros, prevista en el reglamento interno del grupo e impuesta en otros casos de desobediencia.
Por otra parte, los Estatutos Federales y el Reglamento de Cargos Públicos del PSOE facultan al grupo y a la ejecutiva a "denunciar su conducta" al Comité Federal, que si la estima "grave" podría proceder a "darles de baja en el grupo parlamentario".
En ese caso, el Comité Federal les incoaría un expediente que sería tramitado y resuelto por la Comisión de Ética y Garantías del partido.
Al estar en este momento el PSOE dirigido provisionalmente por una comisión gestora, sería éste el órgano que impulsaría la expulsión de los díscolos, algo que su presidente, Javier Fernández, ha dicho en los últimas días que no tenía "en la cabeza".
En el caso de los siete diputados del PSC, la ruptura de la disciplina de voto que han consumado podría suponer la revisión del "protocolo de unidad" que lo vincula con el PSOE desde 1978; un documento que no se ha tocado desde entonces y que garantiza la participación de los socialistas catalanes en los principales órganos del PSOE: la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y el Congreso Federal.