La defensa del presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' y ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Eloy Velasco, pidiendo la citación de la expresidenta autonómica y del partido en esta comunidad Esperanza Aguirre para que aclare si él podría tener la influencia que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre otros cargos autonómicos en relación con diferentes operaciones urbanísticas investigadas en esta causa.
El escrito del abogado Roberto Granizo Palomeque, al que ha tenido acceso Europa Press, interesa la citación de otra veintena de personas entre las que se encuentran responsables de la empresa pública Arpegio, la exconsejera de Urbanismo Ana Isabel Mariño, el exconsejero de Cultura Santiago Fisas, los exconsejeros de Medio Ambiente Mariano Zabía y Beatriz María Elorriaga y los exalcaldes Pedro Castro y Juan Soler-Espiauba (Getafe) y Bartolomé González (Alcalá de Henares), entre otros exresponsables autonómicos de la época en la que Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.
Respecto a esta última, la defensa estima necesaria su declaración para que explique el papel de Granados en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto "qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo (...) en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos; así como si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza".
Las citaciones, según el abogado de Granados, se enmarcan en el interés de su cliente de "colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan", después de que el pasado 21 de diciembre volviera a comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante quien negó que participara en una financiación irregular de su partido.
En dicha ocasión, Granados -quien se encuentra en prisión desde octubre de 2014, concretó que las anotaciones de su agenda --en la que figuran siglas y cantidades que, según sospecha la Guardia Civil, corresponden a una contabilidad B de la formación-- responden a actos municipales o de campaña y al número de asistentes a éstos.
OTROS TESTIGOS
Además de la expresidenta, Granados solicita a Velasco que interrogue al exgerente de Arpegio Áreas Eduardo Larraz para que explique si le ordenó que realizara alguna adjudicación, tanto como Gerente de Arpegio, como en calidad de Presidente de la Mesa de Contratación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid. También quiere que confirme si el nombramiento de Granados en Arpegio "fue motivado por su relación con Aguirre.
En relación con el actual presidente de Arpegio, Jaime González Taboada, la defensa de Granados quiere que desmienta las declaraciones del exsocio de éste y también imputado, David Marjaliza sobre el Plan Prisma en las que le acusa de cobrar comisiones, y sobre si conoce la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho Plan con con destino a su cliente.
También interesa que se le inquiera sobre si Arpegio "colabora con la Justicia o si, por el contrario, pone trabas como al parecer viene sosteniendo el Ministerio Público" y que indique si le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia.
Por lo que se refiere exconsejeros antes citados, el abogado del presunto "líder" de la Púnica está interesado en que el juez les escuche para que confirmen o desmientan si sufrieron presiones de su cliente en relación con determinados planes urbanísticos que se investigan en este procedimiento y aclaren cuáles eran los procedimientos de adjudicación en cada caso.
Al exresponsable de Cultura Fisas el abogado de Granados quiere reguntarle expresamente si fue él quien se encargó de patrocinar el evento titulado "TheNight of theProms" y si Granados tuvo algún tipo de participación o relación con dicho evento.
Lo mismo ocurre con las citaciones solicitadas en relación con el histórico alcalde de Getafe Pedro Castro y de su exconcejal de Urbanismo, Francisco Santos Vázquez Rabaz, con respecto a los cuales la defensa de Granados quiere averiguar si fueron ellos los que se encargaron de negociar el consorcio "Los Molinos-Buenavista" con la Consejería de Urbanismo y con el expresidente de la Comunidad Ignacio González.
El abogado interesa también la citación de los exconcejales del Partido Popular de Valdemoro en la legislatura 1999-2003: Juan Ángel Villaseñor Vegas, María Jesús Juárez López, Juan Fernando Prado Piña, Isabel Martín Gregorio, Josefina La Chica Osorno, Juan Francisco Pérez Cabrera, y Juan Fernández Humanes para que manifiesten si es cierto lo dicho por Granados en su última declaración de que intentó por todos los medios que José Miguel Moreno no fuera su sucesor en la Alcaldía de Valdemoro.
En relación con las citación de Juan Soler en Getafe, la defensa quiere que se le pregunte si recibió alguna comisión de Marjaliza, tal y como éste último manifestó en una de sus declaraciones ante el juzgado, y en el mismo sentido pide que se cite a Bartolomé González para que diga si es cierto que recibió 60.000 euros del mismo empresario en el curso de su mandato al frente del Consistorio de Alcalá de Henares.
AMENAZAS DESDE PRISIÓN
También pide que se llame a declarar a Manuela Pérez Alonso, ex jefa de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valdemoro, para que señale si recibió presión alguna por parte del Granados a la hora de informar algún expediente y para que relate si conoce algún caso concreto de algún funcionario del Ayuntamiento de Valdemoro que haya recibido amenazas o presiones por parte de su cliente desde que éste se encuentra en prisión.
Otra persona interesada por la defensa del expresidente del PP en Madid es Mar Pérez Merino, ex secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid, a quien también esta parte interesa preguntar sobre presuntas presiones recibidas por Granados. Lo mismo ocurre con los miembros de la Mesa de Contratación del Plan Prisma, Ignacio Palacios Arazuri, Pilar Rubio Izquierdo, Pilar Roca Suárez-Inclán (Directora de la Asesoría Jurídica), Pedro Bernad Moreno (Director de Proyectos de Arpegio) y María Dolores Nogal González (abogada Plan Prisma y Secretaria de la Mesa de Contratación).
