Ciudadanos ha perdido más de cien cargos públicos desde las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 como consecuencia de la salida del partido de militantes que, tras decidir abandonarlo o ser expulsados, se han negado a renunciar a su acta.
Desde esa fecha, 143 personas que ocupaban cargos públicos han dejado de formar parte de Ciudadanos, si se suman los expulsados, que representan cerca del 60% del total, y las salidas voluntarias, que serían el 40%, según ha informado la formación naranja a Europa Press.
La mayor parte, 130, son concejales, a los que hay que añadir siete diputados provinciales, cinco diputados autonómicos y un consejero comarcal. Estas cifras son significativas en un partido como Ciudadanos, que en los comicios municipales de 2015 obtuvo 1.527 concejales y que en las elecciones autonómicas celebradas a lo largo de ese año sumó un total de 93 escaños.
En el caso de los diputados autonómicos, el mayor número de bajas se ha producido en las Cortes Valencianas, después de que Alexis Marí, exportavoz del grupo parlamentario, y otros tres diputados críticos con la dirección del partido --David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García-- anunciaran el viernes pasado que se dan de baja del partido y que pasarán al grupo de no adscritos de la Cámara autonómica.
Los diputados valencianos han justificado su decisión por los "bandazos" que, a su juicio, ha dado la formación naranja en los últimos años en sus posicionamientos políticos y por su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado de 2017 que consideran "nocivos" para la Comunidad Valenciana.
Su salida deja a Ciudadanos con nueve escaños en el Parlamento regional, en vez de trece, y hace temer a la dirección del partido que Marí, De Miguel, Rojo y García entren en el Grupo Mixto y favorezcan en algunas votaciones al Gobierno de Ximo Puig, el tripartito PSOE-Podemos-Compromís.
LES ACUSAN DE ROBAR LAS ACTAS AL PARTIDO
Así lo manifestó el mismo viernes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que les acusó de "robar" a la formación naranja los cuatro escaños y el sueldo público que conllevan al negarse a entregar unas actas que obtuvieron en las elecciones al concurrir como candidatos de Cs.
El pasado mes de marzo fue María del Carmen Prieto, diputada por Málaga en el Parlamento de Andalucía, la que comunicó su decisión de abandonar Ciudadanos y ser diputada no adscrita. Entonces afirmó que se marchaba por "la persecución y la marginación" a la que se había visto sometida al criticar, entre otras cosas, la "derechización" del partido y sus "bandazos".
Previamente, Prieto, que formaba parte de una corriente crítica interna denominada TranCsparencia, había sido suspendida de militancia de manera cautelar por sus "continuadas ausencias en reuniones y comisiones parlamentarias".
LA MAYORÍA NO RENUNCIAN AL CARGO PÚBLICO
Esta situación en la que el diputado o concejal deja de estar afiliado a Ciudadanos pero conserva su cargo público se da, aproximadamente, en el 90% de los 143 casos registrados, ya que solo una minoría de los que dejan el partido optan también por entregar su acta, según han detallado fuentes de la formación naranja.
A nivel municipal, el último caso que se ha conocido es del Ayuntamiento de Huelva, donde el presidente del grupo municipal de Cs, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa anunciaron la semana pasaba que abandonaban el partido pero mantenían sus actas, quedando como ediles no adscritos. Así, Cs ha pasado de tener tres ediles en el consistorio a tener solo uno.
Entre los pocos cargos públicos que han decidido dimitir tras salir de Ciudadanos está la que fuera concejal en el Ayuntamiento de Logroño Elvira González, el pasado marzo.
En ocasiones, los motivos que alegan quienes se van del partido tienen que ver con cuestiones de organización interna, como ha ocurrido en Huelva. Sin embargo, con frecuencia atribuyen su decisión a los cambios en el ideario acordados en la Asamblea General de febrero --donde se eliminó el término "socialdemocracia"--, al apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y a la falta de democracia interna que aprecian dentro de la organización.
PERJUICIO EN LAS VOTACIONES Y A LA IMAGEN DEL PARTIDO
El perjuicio que estos cargos públicos pueden causar al partido presidido por Albert Rivera se debe a que los grupos municipales o autonómicos se ven reducidos y a que los diputados o concejales díscolos pueden acabar votando en contra de lo que defiende la formación naranja, a veces incluso siendo decisivos para la conformación de mayorías.
Además, pueden utilizar la relevancia y la presencia mediática que les proporciona su cargo para arremeter públicamente contra sus antiguos compañeros y contra la dirección de la formación naranja, dañando así la imagen del partido.
Consciente de estos problemas, la Ejecutiva nacional exige a los que abandonan Ciudadanos que entreguen sus actas, recordándoles que ese fue el compromiso que asumieron cuando se incorporaron al partido. A su entender, estas personas son "tránsfugas", aunque no se integren en otro partido, y por eso ha pedido en distintas instituciones públicas que se les aplique el Pacto Antitransfuguismo.
Los firmantes del pacto, que se refiere a las corporaciones locales, se comprometen a no admitir en su grupo a concejales de la candidatura de otro partido que hayan decidido mantener el cargo conseguido en su partido original. Además, impide la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno y prevé que los tránsfugas no pasen al Grupo Mixto, sino que figuren como concejales no inscritos o independientes.
Villegas admitió el viernes pasado que en Ciudadanos solo pueden apelar a la "ética" para pedir a sus antiguos cargos públicos que dimitan, ya que no es posible reclamar las actas por la vía legal. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estas pertenecen a los diputados y concejales, no a los partidos políticos.
