Los diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, incluido el presidente catalán, Carles Puigdemont, han firmado en el auditorio del Parlament un documento que proclama la "la república catalana, como Estado independiente", y pide su reconocimiento internacional.
En la declaración de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será registrada en el Parlament, desaparece cualquier mención a "suspender los efectos" de la declaración de independencia, como había planteado Puigdemont anteriormente en la Cámara.
Según las fuentes consultadas, en un borrador de la declaración sí figuraba la mención a "suspender los efectos", pero la CUP se ha negado a firmar el documento si no se retiraba esta alusión.
"Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada", añade la declaración.
El texto va más allá del discurso de Puigdemont en el Parlament y se ha firmado ante la amenaza de fractura interna en las filas independentistas.
En su comparecencia ante el pleno, Puigdemont ha afirmado que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.
La declaración de Puigdemont ha motivado los recelos de la CUP y también de ERC y Demòcrates, socios del PDeCAT en JxSí, porque a su juicio no representa una auténtica declaración de independencia, por lo que estos partidos han promovido un documento por escrito para dejar constancia de que la jornada del 1-O debe comportar la proclamación de la independencia.
La declaración firmada posteriormente apela a los Estados y organizaciones internacionales a "reconocer la república catalana como Estado independiente y soberano" e insta al Govern a "adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de las previsiones de la ley de transitoriedad jurídica".
Los firmantes plantean la "entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica", que establece un marco legal catalán desligado del español, y declaran el inicio de un "proceso constituyente" del nuevo Estado.
"Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes", señala el documento, que recalca que las negociaciones deben ser "en pie de igualdad".
También instan a la comunidad internacional y a la Unión Europea a "intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso y a hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español".
La declaración subraya la "voluntad inequívoca" de que Cataluña se integre "tan rápidamente como sea posible en la comunidad internacional" y señala el compromiso de "respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados" de los que forma parte España.
