El PSOE ha denunciado este jueves el veto del Gobierno a la propuesta socialista de reforma de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado asuma la localización y exhumación de las más de 100.000 personas que se estima siguen enterradas en fosas comunes y cunetas en España.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado que este veto del PP deja en evidencia su "genética franquista", que se suma a su negativa a condenar el franquismo y la represión durante la dictadura.

Ha lamentado que los 'populares' hayan dejado pasar la oportunidad para "homologarse a otras derechas en Europa". "No me extraña que algunos poderes económicos y financieros busquen alternativa" al PP en otra derecha que sí se equipare a los estándares europeos, ha añadido en alusión a Ciudadanos.

INSTA A CIUDADANOS A SUPERAR EL VETO

Precisamente, a la formación que lidera Albert Rivera le ha instado a apoyar la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica en la Mesa del Congreso en lugar de unirse al PP en su veto. "Esta no es una cuestión económica sino de Derechos Humanos, se trata de cerrar la etapa más negra de la historia española", ha advertido, urgiendo a Ciudadanos a "dejar de paralizar el Parlamento" y a actuar "como la derecha moderada liberal que pretende ser".

Perelló ha subrayado además que, con este veto, el Gobierno incurre en una "desigualdad de trato" entre españoles puesto que mientras "se niega a que 100.000 personas salgan de las cunetas y reciban sepultura digna", repatría desde hace años los restos de miembros de la División Azul que lucharon junto al Ejército nazi contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

El responsable socialista precisa que a él le parece bien que se repatríen esos cuerpos, pero subraya que eso supone una diferencia de trato con respecto a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el límite del plazo, el Gobierno remitió el miércoles un escrito de disconformidad al Congreso mostrando su oposición a tramitar la iniciativa socialista al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios en más de 213 millones de euros.