En torno a 200 jueces y fiscales de toda España se han dado cita hoy frente al Ministerio de Justicia en una concentración en la que han solicitado una "justicia eficiente y de calidad" y "libre de presiones políticas", donde han vuelto a pedir el cese del ministro Rafael Catalá al grito de "Catalá dimisión".

"Catalá, habla menos y escucha más" o "tiene Catalá un problema singular" han sido algunas de las consignas que se han escuchado hoy durante la protesta, a la que han asistido jueces de varias provincias, y que ha motivado que la policía tuviese que cortar la madrileña calle San Bernardo.

Convocados por las siete asociaciones representativas de ambas carreras, miembros de la judicatura y de la fiscalía han continuado hoy con su calendario de movilizaciones y, vestidos algunos con sus respectivas togas, han coreado lemas como "más jueces y menos corrupción" o "esas guardias no se pagan".

A las protestas usuales que miembros de ambas carreras llevan secundando durante casi un mes, se ha unido en esta ocasión el malestar del sector por las palabras del ministro Catalá sobre el juez que emitió un voto discrepante a la sentencia del caso de la Manada, lo que consideran una injerencia política "intolerable".

Ha sido, en palabras de algunos jueces y fiscales consultados por Efe, "la mecha que ha prendido la llama" y que ha provocado que todas las asociaciones hayan pedido en bloque su dimisión pues creen que ningún representante político puede entrar a valorar las circunstancias personales de un miembro de la judicatura o de la Fiscalía.

Por ello, también han reprendido con el grito de "Margarita cállate" a la portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada, Margarita Robles, que responsabilizó al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de no adoptar medidas para evitar "disfunciones" como la del voto particular del magistrado Ricardo González.

Aún así, los jueces y fiscales insisten en que sus protestas no se limitan a este episodio, sino que llevan mucho tiempo solicitando al Gobierno que impulse las medidas necesarias para blindar la independencia judicial y otorgar más autonomía a la Fiscalía, con el objetivo de "prestar un mejor servicio al ciudadano".

Han sido el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, y la de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, los responsables de leer el comunicado en el que han expuesto, una por una, más de una veintena de demandas.

Entre ellas se encuentra la modificación en el nombramiento de los vocales del CGPJ, la regulación de las cargas de trabajo, la modificación de su régimen retributivo tras años sin cambios o la derogación de los plazos máximos de instrucción que introdujo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015.

"Quizá las decisiones que adoptamos, en ocasiones, no sean del agrado de algunos responsables políticos o no se adecúen al sentir social o a las corrientes de opinión imperantes en un momento dado, pero esa independencia es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica", ha señalado Almenar.

Ambos han querido dejar claro que "la Justicia en España funciona" y han matizado que ellos no son quienes hacen las leyes, sino quienes las interpretan y aplican. Dexeus, además, ha aprovechado la ocasión para mostrar "respaldo a los jueces y fiscales que están prestando un enorme servicio al Estado de Derecho en Cataluña".

Con el horizonte en la huelga del próximo 22 de mayo, todas las asociaciones han celebrado el "éxito" de la convocatoria.