El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada ayer en el Parlamento catalán en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Según ha informado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo tiene la intención de impugnar esa moción y, para ello, ha pedido el preceptivo informe al Consejo de Estado.

Celaá ha señalado que este trámite requiere de un dictamen preceptivo aunque no vinculante del Consejo de Estado, que el Gobierno ya ha solicitado.

Una vez que tengan dicho informe se presentará la impugnación, que será el primer recurso del Gobierno socialista, tres días antes de la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra.

La impugnación, ha alegado Celaá, se hace por considerar que la moción vulnera sentencias del propio TC y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, tal y como han recordado los letrados de la Cámara, y en defensa del la legalidad y de la Constitución española.

En este sentido, ha precisado que este recurso "va por un itinerario jurídico y la legalidad y la política van por otro". "A nosotros nos corresponde hacer política", ha recalcado.

JxCat, ERC y CUP aprobaron ayer el texto renegociado de la moción presentada por los anticapitalistas en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que expresa la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.

La moción en la que se reafirman los objetivos políticos de la resolución del 9N que fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC) contó con los votos favorables de las tres fuerzas independentistas y la abstención de los comunes en algunos puntos, mientras que Ciudadanos (Cs), PSC y PP no quisieron votar, si bien no se ausentaron del hemiciclo.

Hoy mismo, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que defienda ante el Tribunal Constitucional la "legitimidad democrática" de las instituciones del Estado frente a esa resolución del Parlament.