La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha manifestado ante las asociaciones de jueces y fiscales que no comparte los motivos por los que han decidido convocar una huelga el próximo día 19 de noviembre después de haberles puesto en conocimiento los compromisos de su departamento para afrontar las reivindicaciones salariales y profesionales, según han informado a Europa Press fuentes presentes en este encuentro.
Delgado ya se reunió la semana pasada con cinco asociaciones --Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales-- en la que les expuso los trabajos del Ministerio en relación a sus exigencias. Ante la inminente celebración de una jornada de paro, la ministra ha vuelto a citar este lunes a los representantes de los jueces y fiscales para tratar los aspectos técnicos de esta huelga.
Las fuentes consultadas han afirmado que durante la reunión de este martes, Delgado ha lamentado la convocatoria del paro laboral, ya que su equipo sólo lleva al frente de este Ministerio cinco meses. Además, la ministra conoce bien las reclamaciones de las asociaciones, pues participó en la huelga que tuvo lugar el pasado 22 de mayo contra el entonces ministro del PP Rafael Catalá.
En la reunión de la semana pasada, la ministra les comunicó que algunas de sus reivindicaciones ya se encontraban en pleno trámite parlamentario, como es el caso de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre licencias y permisos -ultimándose en el Senado-; o la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que limita los plazos de la instrucción de causas penales, sobre el cuál mañana se debate en el Congreso de los Diputados.
FUTURAS NEGOCIACIONES
Ante estas circunstancias, alguna de las asociaciones, como la Unión Progresistas de Fiscales --a la que se encuentra afiliada la propia ministra-- están valorando la posibilidad de abandonar la convocatoria de la huelga porque reconocen que algunas de las reformas legislativas que reclaman se encuentran "atascadas" por estos trámites y no por culpa de Ministerio. Además no quieren ver empañadas las futuras negociaciones con Justicia, apuntan las fuentes de esta asociación a Europa Press.
No obstante, otras de las asociaciones sí mantienen en pie la intención de movilizarse en una semana, ya que consideran que en estos cinco meses de Gobierno de Pedro Sánchez no se ha visto ningún cambio para mejorar la Justicia ni sus condiciones profesionales. Asimismo, recuerdan que fue tras la última huelga cuando el equipo de Catalá se abrió a negociar y añaden que esta situación se podría repetir con Delgado.
De hecho, asociaciones como Francisco de Vitoria o la Asociación Profesional Independiente de Fiscales declinaron la invitación del Ministerio de la semana pasada al considerar que no hay ninguna "oferta concreta". Este lunes no han acudido a la sede del Ministerio, ni tampoco lo ha hecho Foro Judicial Independiente.
Pese al malestar mostrado por Justicia, en el encuentro de este martes se han tratado las medidas de control y organizativas del paro de la semana que viene. Entre las medidas operativas, y debido a que el derecho a huelga no está regulado en el caso de los jueces y fiscales, se ha acordado pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que establezcan los servicios mínimos a cumplir para cada una de las carreras.
Si bien alguna de estas instituciones, o ambas, no procede a esta solicitud será el Comité de Huelga organizado por las asociaciones el que finalmente los designe, tal y como ocurrió el pasado 22 de mayo cuando las siete asociaciones convocaron una movilización similar en toda España, en la que participó la actual ministra de Justicia. El objetivo es "no perjudicar" ni al "servicio público" que es la Justicia, ni a los ciudadanos que acuden a ella, recalcan las fuentes consultadas.
DETRACCIÓN DE HABERES
Asimismo, las mismas fuentes consultadas han explicado que en la reunión de este lunes se ha acordado la detracción de haberes para todos aquellos profesionales que participen en la huelga. Es decir, que se descuente de su nómina la parte proporcional al tiempo que han estado realizando el paro laboral.
Para ello, también se han fijado los mecanismos para que jueces y fiscales comuniquen su participación en la huelga.
