Los Franco denuncian ilegalidades urbanísticas en la exhumación

La familia de Francisco Franco ha señalado que el proyecto de exhumación presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez incumple la legalidad urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, ya que el Valle de los Caídos es una bien protegido y no se pueden hacer obras menores en la ubicación.

En el escrito de alegaciones finales al expediente de exhumación que presentó este martes su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, la familia Martínez-Bordiú Franco apunta que el Valle de los Caídos se encuentra dentro del Catálogo de Bienes Protegidos por el Ayuntamiento con una clasificación de "integral global".

Debido a esta clasificación, en el monumento sólo está permitido realizar obras de "rehabilitación y mantenimiento", requiriendo las restantes de la elaboración de un Plan Especial, "trámite que no se ha llevado a cabo".

Por ello, en el texto, al que ha tenido acceso Efe, critica al Consistorio de la localidad por incumplir la legalidad urbanística "como consecuencia de la aceptación de la obra".

Asimismo, la familia del dictador advierte que el informe de Patrimonio "obvia completamente" esta protección y señala que el Ayuntamiento no haya "exigido" el Plan Especial para realizar los trabajos.

En este sentido, dice que el proyecto de exhumación "no contempla" las circunstancias del enclave, ya que para enterrar a Franco fue necesario acometer una serie de obras de modificación de instalaciones y canalizaciones, principalmente de calefacción, que discurrían por la zona donde se encuentra la tumba.

"El objetivo de todo ello es reducir sustancialmente la valoración de la obra a fin de que pueda encontrar encaje dentro de un contrato menor y de esta forma eludir la aplicación de la normativa sobre contratación pública y evitar posibles retrasos", aseguran al tiempo que recuerdan que la exhumación tiene un coste de 3.090 euros sin IVA.

Los Franco también consideran que el funcionario municipal que realizó el informe "no es competente" para ello, ya que ostenta el título de aparejador, cuando es perceptivo que sea firmado por un "técnico superior".

Por todo ello, defienden que el Ayuntamiento tuvo que "denegar la licencia" y, al no haberlo hecho, podría haber incurrido en un "vicio de nulidad que podría afectar a la resolución final".

Por otra parte, los Franco insisten en su deseo de recibir los restos mortales para poder enterrarlos en la sepultura que posee en la cripta de la Catedral de la Almudena. 

Argumentan al respecto que la zona en que se ubica la cripta es "altamente segura" por la elevada presencia de fuerzas de seguridad, restricciones y medidas de control antiterrorista, aparte de que no es "objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad". 

Pero, además, la afluencia prevista de visitantes sería un "máximo de 1.000 diarios", algo "no relevante" respecto a "otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol, que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado, con casi tres millones de visitantes anuales".