El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha comenzado su exposición en la segunda jornada del juicio contra el 'procés' haciendo un firme alegato en defensa del Tribunal Supremo frente a los argumentos de las defensas de los doce independentistas que están siendo juzgados, asegurando que "parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad", dirigidos a desprestigiar a la justicia española y, por ende, a "cuestionar la calidad democrática de nuestro estado de derecho" e intentando "sentar al Estado en el banquillo" de los acusados.
Así, ha defendido que este "es un juicio en defensa de la democracia" y de la Constitución "que garantiza los derechos de todos los que formamos parte de este país".
Zaragoza, uno de los fiscales presentes en la vista junto a su compañero Fidel Cadena, ha realizado estas consideraciones antes de argumentar su impugnación a todas y cada una de las cuestiones previas expuestas ayer por los abogados de los encausados, que jugaban así su última carta para conseguir la nulidad del procedimiento, consistentes en denunciar vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del proceso.
A juicio de Zaragoza, las defensas utilizaron este trámite legal de cuestiones previas para "transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado", que en este asunto no ha hecho más que "restaurar el orden político mediante el único instrumento en una sociedad democrática, que es la aplicación de la Ley".
El representante del Ministerio Público ha defendido igualmente la imparcialidad e independencia de los siete magistrados del Supremo que juzgan este asunto "con independencia de lo que se diga a extramuros" de este tribunal de Justicia.
"Unos días atrás la editorial de un medio decía que no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino a dirigentes que querían arrebatarlas", y en este sentido ha subrayado que cuando se pretenden ejercer derechos políticos al margen de la Ley "no solo no hay lesión de esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos".
En este punto a aludido a "esa mayoría social silenciosa de Cataluña, un 60 por ciento del censo electoral, que no participo en el referéndum ilegal del 1-O, así como al ataque a la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español.
Así, reprocha a quienes dicen que este iba a ser un juicio a la democracia porque "es un juicio en defensa de la democracia española y del orden constitucional que consagró la constitución de 1978", que en Cataluña tuvo el respaldo del 62 por ciento del censo electoral.
