Una decena de miembros de Jusapol, la plataforma de policías y guardias civiles que reivindica una equiparación salarial "real", han llevado este viernes su protesta a las puertas del chalé en Galapagar (Madrid) donde viven el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
"Estamos aquí para decirle a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que queremos igualdad salarial con los Mossos d'Esquadra, y que es un problema que llevamos arrastrando desde hace 30 años", ha señalado Laura González, la portavoz de Jusapol. También han reclamado que se recupere sus "derechos" tras el veto del Gobierno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) paralizada esta semana en el Congreso.
En la protesta se han lanzado diferentes consignas, megáfono en mano, a favor de la igualdad salarial entre cuerpos policiales y también se ha desplegado una pancarta. Los guardias civiles que prestan servicio de seguridad en una garita junto al chalé han identificado a los manifestantes --una decisión que estos atribuyen al Ministerio del Interior-- y estos se han quejado por esta actuación policial y también porque una persona les ha grabado mientras protestaban.
La protesta se ha llevado a cabo dos días antes de que este domingo se conmemore el Día Internacional de la Mujer, y después de que este pasado martes los miembros de Jusapol y sus marcas en la Policía (Jupol) y Guardia Civil (Jucil) se manifestaran en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde llegaron a romper el cordón de seguridad que les mantenía alejados del edificio de la Cámara Baja.
Los manifestantes utilizaron el martes máscaras de Anonymous para taparse el rostro y también petardos y botes de humo. El 26 de febrero, un grupo convocado por Jusapol eligió el acceso del Palacio de la Moncloa para protestar, aprovechando la reunión de la mesa de diálogo encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.
Tras numerosas manifestaciones en varias ciudades, Jusapol ha vuelto a escenificar en los últimos días su malestar con el Gobierno y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el rechazo del Ejecutivo a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por este colectivo.
Esa ley ciudadana recabó más de medio millón de firmas y llegó a ser tomada en consideración en 2018 por el Pleno del Congreso, pero ahora el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha decidido vetar su tramitación parlamentaria, con lo que ya no volverá a debatirse.
Grande Marlaska explicó el 3 de marzo en el Pleno del Senado que el Gobierno vetaba "con mucho pesar" la ILP porque no se ajusta a la normativa y recordó que "al fin se está dando cumplimiento" a esa equiparación, con el tercer tramo de los 807 millones totales de subida retributiva.
El acuerdo de equiparación salarial fue firmado en marzo de 2018 entre el Gobierno del PP y los sindicatos representativos, aunque Jusapol se desmarcó del documento. En julio de 2019, el Ministerio del Interior dirigido por Grande-Marlaska comunicó que se plantaba en los 807 millones en tres años (2018-2020).
Lo hizo tras entregar a los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil el informe de la consultora externa que analizaba si la cifra comprometida era suficiente o se tenía que recalcular al alza. Este informe fue objeto de protestas y, además, entre ambos Cuerpos han surgido diferencias por el reparto del dinero.
