Dina y el exabogado Calvente: los frentes judiciales de Podemos

La imputación de Podemos en una causa por presunta malversación y administración desleal ha abierto un nuevo frente judicial al partido, que se suma a las pesquisas de la Audiencia Nacional sobre el caso Dina, mientras se suceden las peticiones de la oposición para que dimita el líder del partido, Pablo Iglesias.

Tras un mes de julio algo revuelto en la causa donde la Audiencia Nacional investiga el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y el periplo de su tarjeta, agosto tampoco está siendo tranquilo para la formación morada, que ha acabado ostentando la condición de "investigada" en otro procedimiento y con varios cargos imputados.

Un escenario que ha motivado peticiones de cese y dimisión de Iglesias por parte de PP y Vox, mientras que Podemos atribuye esta última causa a un intento de desestabilizar al partido y al Gobierno, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apela al respeto al poder judicial.

LA CAUSA QUE NACIÓ DE LA DENUNCIA DE UN EXABOGADO

Esta semana se ha conocido la decisión de un juzgado de Madrid de imputar al partido y a varios cargos en la causa abierta por presuntos delitos de malversación y administración desleal por la que el 20 de noviembre deben declarar su secretario de comunicación, Juanma del Olmo; el responsable de Finanzas, Daniel de Frutos; y la gerente, Rocío Val.

Tras conocerse la imputación, fuentes jurídicas explicaron a Efe que el juez no ha precisado los delitos ni los hechos investigados.

La causa nace de la denuncia de quien fuese abogado de la formación, José Manuel Calvente, despedido en 2019 tras una querella por supuesto acoso sexual y laboral a otra letrada del partido, Marta Flor. Un caso que fue recientemente archivado.

Podemos ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule la causa y ha impugnado la declaración de Calvente al alegar indefensión por haber accedido sólo a parte de la misma, algo que el juzgado finalmente enmendó tras una petición de Vox.

La presencia de este partido como acusación popular en la causa es uno de los aspectos reprobados por Podemos, que ha cargado contra el juez por abrir una investigación "genérica e indeterminada" que nace de una denuncia basada, a su juicio, en sospechas de quien fuese responsable de Protección de Datos del partido, que habría obtenido documentación "vulnerando" su deber de confidencialidad.

Mientras tanto, el juez bucea en el caso y ha ordenado una batería de diligencias: el contrato de las obras de la nueva sede de Podemos en Madrid; información de sueldos y facturas; documentación sobre los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 por las empresas Neurona y ABC; o las sociedades mercantiles en las que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, figura como administrador.

Ante las menciones a la presunta "caja B" de Podemos surgidas a raíz de esta causa, Pablo Iglesias, también vicepresidente del Gobierno, respondió este viernes en Twitter que se intenta asemejar a su partido con "la corrupción del PP" cuando la formación morada tiene "una Caja de Solidaridad" con las donaciones de sus cargos, y aseguró que la formación está a disposición de la Justicia.

"La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito", dijo.

DINA Y EL LÍO DE LA TARJETA

La denuncia de Calvente no es el único asunto judicial que afecta a Podemos, que ha visto cómo se ha dado la vuelta a un caso donde el Pablo Iglesias comenzó siendo perjudicado.

La Audiencia Nacional investiga el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de la formación, a finales de 2015, cuyos datos aparecieron en posesión del excomisario José Villarejo.

El supuesto robo ocurrió en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en 2016, por lo que se investigaba si tuvo relación con un presunto espionaje político a Podemos en el que habría intervenido el excomisario, que siempre lo ha negado.

Iglesias comenzó como perjudicado, pero el juez le retiró esta condición en mayo al apreciar contradicciones entre su versión y la segunda que dio Bousselham sobre el periplo de la tarjeta, que habría llegado de forma anónima a la redacción de la revista Interviú.

El líder de Podemos declaró que cuando la recibió por parte del presidente del Grupo Zeta, ésta funcionaba; mientras que Bousselham dijo que cuando Iglesias se la dio en verano de 2016 -seis meses después de haber sido recuperada-, ya estaba dañada.

Después, al retirarle la condición de perjudicado, la exasesora exculpó a Iglesias de los daños en la tarjeta y aseguró al juez que cuando él se la entregó funcionaba y que luego dejó de hacerlo.

En el recurso a su expulsión de la causa, Iglesias acusó al juez de sacar conclusiones aventuradas y señaló que no se ha acreditado, como sospecha el magistrado, que hubiese ocultado a Bousselham que había recuperado la tarjeta o que se la entregase dañada.

En caso de que el juez apreciase indicios de delito en Iglesias, debería pedir su imputación al Tribunal Supremo, al ser aforado.

Además, en paralelo a esta causa, la Fiscalía de Madrid investiga si un fiscal del caso dio información confidencial a la abogada de Iglesias, Marta Flor, y si incurrió en un presunto delito de revelación de secretos.

CALVENTE, TAMBIÉN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El exabogado también aparece en escena en el caso Dina después de que el juez le haya citado a declarar como testigo en septiembre.

Hace unos días Calvente catalogó de "patraña" este caso, del que dice se negó a "participar". Lo hizo en Twitter, donde precisamente esta semana volvió a cargar contra "algunos dirigentes" del partido por haber "metido la mano" presuntamente en la caja.

El exabogado, que ha denunciado "una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional", cree que en Podemos existe "una presunta 'corrupción dentro del partido', una presunta 'financiación ilegal' de algunos dirigentes".