La crisis de la Covid-19 reduce la temporalidad laboral a niveles de 2013

La destrucción fulminante de empleo provocada por la crisis de la COVID-19 ha hecho que la tasa de temporalidad baje casi tres puntos de golpe en el segundo trimestre, al 22,4 %, un efecto evidente de la dualidad del mercado laboral que los expertos consultados por EFE creen que debe corregirse.

En España, uno de los principales mecanismos de ajuste para las empresas cuando la actividad económica se resiente es la extinción o no renovación de los contratos temporales, que cuentan con indemnizaciones bajas en comparación con los contratos indefinidos.

La actual crisis económica no ha sido una excepción y tres de cada cuatro empleos destruidos en el segundo trimestre han sido temporales, lo que ha devuelto la tasa de temporalidad a niveles de 2013 cuando el empleo tocaba fondo tras la crisis financiera mundial, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Esta disfunción del mercado laboral ha reabierto el debate en torno al contrato único con indemnización por despido creciente, lo que plantea el inconveniente de decidir si el coste se ajusta al alza o a la baja.

Ha sido el Banco de España el que lo ha vuelto a traer a la actualidad después de que en sus últimos informes económicos haya insistido en que la solución pasa por alcanzar un "reparto más equitativo" de la protección entre los trabajadores con diferentes modalidades contractuales.

"Hay todo un menú de soluciones, no solo una", destaca a EFE el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Autónoma Marcel Jansen, que advierte de que el debate sigue "tan desenfocado" como hace diez años.

Para Jansen atajar esta dualidad del mercado laboral que, entre otros problemas, lastra la productividad de la economía española, requiere de, al menos, tres vías de acción: reducir el número de contratos existentes, igualar derechos y obligaciones -con los mismos costes de despido- y garantizar que los incentivos a la contratación funcionen introduciendo un "bonus malo" que penalice a las empresas que usen la contratación temporal de forma excesiva o inadecuada.

"Hay que usar todas las herramientas para que el contrato indefinido sea la opción prioritaria para las empresas", resume Jansen que reconoce la "frustración" de ver que una década después, el mercado sigue igual.

No obstante, el director de Estudios del IEE, Carlos Ruiz, destaca que el empleo en España tiene un carácter general de indefinido y que durante la última fase de crecimiento "el aumento del empleo asalariado con contrato indefinido ha sido superior al de los temporales".

"La temporalidad en la economía española está justificada en gran medida por el mayor peso de actividades económicas afectadas por la estacionalidad que justifican un mayor uso de esta modalidad contractual", argumenta.

Y añade la importancia de que exista flexibilidad laboral para que las empresas ajusten su demanda de empleo a las circunstancias de la producción.

"Esta flexibilidad justifica la contratación temporal y su causalidad y, por lo tanto, se ha de eliminar cualquier limitación o penalización sobreimpuesta sobre esta opción contractual", asegura.

La Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala) tampoco ve claro que el camino sea acabar con los contratos temporales, necesarios en determinados sectores y situaciones de la economía española, y reclaman un marco jurídico claro para que se usen adecuadamente, según explica a EFE su presidenta, Ana Gómez.

Gómez también incide en que parte del exceso de empleo temporal se concentra en la administración pública, cuya tasa de temporalidad es casi siete puntos mayor a la del sector privado (26,9 % frente al 21,2 %, según la EPA del segundo trimestre).

La lectura es completamente diferente para CCOO, cuya secretaria de Empleo, Lola Santillana, afirma que hay un exceso de temporalidad por la alta rotación y por un uso desproporcionado de los contratos temporales que no siempre aplican bien la causalidad.

Frente al contrato único, Santillana considera que hay que apostar más por figuras que ya existen, como el fijo discontinuo, y señala la necesidad de elevar las sanciones y reforzar la Inspección de Trabajo para que vigile el uso inadecuado de estos contratos.