La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado por mayoría pero sin el apoyo de VOX, PP y Más País Verdes Equo el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, al contar la comisión con competencia legislativa plena.

El texto legislativo ha contado con los 22 votos favorables de PSOE, UP, Cs, EH-BILDU, PNV, ERC y Teruel Existe; 5 votos en contra de VOX y 10 abstenciones, las de los diputados de PP y Más País Verdes Equo.

Durante el debate y la posterior votación, en el que no se han producido grandes sorpresas, VOX ha mostrado su rechazo a esta ley porque según el diputado Francisco José Contreras el grupo tiene una visión "alternativa" a la del resto. Mientras, su compañero de grupo parlamentario Pedro Requejo Requejo ha afirmado que es aconsejable rebajar los objetivos para facilitar la recuperación económica. "Hemos presentado enmiendas parciales para mitigar los efectos negativos en la economía de un Gobierno acompañado por fuerzas políticas no caracterizadas por su amor a España", ha señalado, aunque todas sus propuestas han sido rechazadas.

Por su parte, el PP se ha abstenido en la votación porque considera necesario seguir trabajando las numerosas propuestas al texto en su fase en el Senado, mientras que para Más País Verdes Equo sería "incongruente" votar a favor de una ley "falta de ambición" y que "defiende los intereses de los lobbies de las empresas". Aunque Cs había anunciado su abstención, finalmente ha votado a favor del texto.

En el debate parlamentario, todos los grupos de la oposición han coincidido en la "falta de consenso y capacidad de diálogo" del Gobierno de coalición en el debate de la ley que llegó hace prácticamente un año a la Cámara Baja, pero que se ha votado después de cuatro sesiones de la ponencia celebradas en marzo.

Una vez superado el debate y la defensa de enmiendas y antes de dar paso a la votación, el presidente de la Comisión, Juan López de Uralde, ha interrumpido la sesión para solicitar el acuerdo de los portavoces de los grupos para que el diputado de ERC Joan Capdevilla votase desde su despacho, donde tiene que permanecer aislado tras detectarse un positivo en Covid-19 esta mañana en un compañero de partido.

Precisamente, una de las enmiendas que ha salido adelante había sido presentada por ERC. Establece que las zonas de bajas emisiones que deberán ser una realidad en 2023 serán obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes.

Otro acuerdo transaccionado en la Comisión es mantener los objetivos actuales de la ley pero se introduce una enmienda por la que se acuerda su revisión en el año 2023.

En concreto, los objetivos de la ley se fijan en el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 por ciento; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 por ciento; un 74 por ciento de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 por ciento.

La Ley establece también el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo puesto en alcanzar la neutralidad del parque móvil en 2050.

Los partidos que apoyan al Gobierno han consensuado con varios grupos parlamentarios entre ellos PP, ERC y Cs, crear en el plazo de seis meses tras la aprobación un grupo de expertos para analizar una reforma fiscal dirigida a plantear la fiscalidad verde, aunque todas irán "acompasadas con la situación económica".

Durante la votación de las enmiendas transaccionales han sido aprobadas las consensuadas por los grupos del Gobierno y una más, presentada por Más País Verdes Equo relativa a los mecanismos de participación ciudadana.

Igualmente ha sido aprobada, según había adelantado López de Uralde en los últimos días, una enmienda transaccional para "garantizar que las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y otros valores naturales".

De ese modo, se establecerá una zonificación para identificar las zonas más sensibles en las que se excluirán por su importancia para la biodiversidad el despliegue de las renovables.

Con esta enmienda se da respuesta a las demandas planteadas por varios diputados y, en particular, de Teruel Existe, cuyo portavoz, Tomás Guitarte, ha manifestado que aunque el cambio climático es "inaplazable" es "necesario" corregir algunos detalles de la implantación de las renovables.

Así, ha expresado su preocupación por que la transición energética se haga sin el consenso de los territorios, que recibirán ese despliegue porque, a su juicio, las renovables están "entrando como elefante en una cacharrería", sin respetar el patrimonios históricos, paisajísticos, de biodiversidad y culturales de los territorios que "ha costado siglos construir".

Mientras, desde EH-BILDU, el diputado Oskar Matute ha considerado que la ley debería ser más ambiciosa "no por marcar más acento progresista, sino por supervivencia" porque el cambio climático afecta a la propia existencia del planeta. Su grupo ha votado a favor del texto legislativo porque es "mejor que nada", aunque alerta de que "puede ser insuficiente para el reto" actual.

Las críticas de falta de debate y diálogo han sido prácticamente unánimes por parte de la oposición. La primera en manifestarlas ha sido la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, que ha denunciado que una ley importante como esta se ha despachado "en tres o cuatro sesiones" de ponencia, con algún "pequeño" intercambio de correos y poco tiempo para analizar las enmiendas. "No creo que sea la forma de trabajo más adecuada para una ley que implica la descarbonización de la economía", ha criticado.

En la misma línea, la diputada de CS Mari Carmen Martínez cree además que la ley difiere de la postura de la UE que habla de emisiones netas que haría "mucho más justa" la transición para las empresas españolas.

Mientras, el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde ha celebrado que "por fin" España va a tener una "buena ley" de cambio climático después de años de retraso a consecuencia de la "estrategia del negacionismo de ganar tiempo sin que ocurra nada". Por eso, ha defendido que este es un día "importante" y ha agradecido a los grupos que hay apoyado la ley "a pesar de que no incluya todas las demandas".

A la sesión de este jueves llegaron vivas el 90 por ciento de las 757 planteadas al proyecto de ley, según destacó el diputado del PP, Diego Gago, lo que en su opinión, es una muestra de la falta de diálogo demostrada por los partidos que apoyan al Gobierno. En concreto, los populares han buscado, sin éxito, el apoyo a una enmienda dirigida a facilitar el mantenimiento de empresas en el dominio público marítimo terrestre como las del sector acuícola.

También desde el PP, el diputado Juan Diego Requena ha expuesto que es no es la ley que necesita España sino la que necesita la ministra Ribera para hacer "lo que mejor sabe hacer: dar conferencias por Europa".

En la postura contraria, el PSOE --como previamente había defendido UP-- frente a las críticas, la diputada socialista Helena Caballero, ha asegurado que se han celebrado "infinidades de reuniones" con los grupos para culminar una ley "perfectamente alineada con el consenso social". Caballero ha defendido que la ley incorpora acuerdos de 350 enmiendas de las 758 presentadas por los grupos.

"Nos hemos desgañitado intentando reunirnos con ustedes y prácticamente no han querido nunca", ha espetado a la bancada 'popular', antes de subrayar que "la mejor ley posible es una ley que exista".