La gestora de fondos de capital riesgo Portobello, liderada por Iñigo Sánchez-Asiaín, ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), encargada de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, liderado por Belén Gualda, ayuda para tres de sus sociedades en cartera, entre ellas las clínicas dentales Vivanta.
El fondo de ‘private equity’ liderado por Sánchez-Asiaín ha solicitado estas ayudas, al igual que otros como PAI Partners, Ardian, Permira, Phi Industrial y Kartesia.
Además de para Vivanta, Portobello las quiere para el grupo del sector de la restauración Mediterránea y los hoteles Blue Sea. Según informa ‘Expansión’, el objetivo de estos fondos es lograr recursos para hacer frente a las repercusiones que está teniendo la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 entre algunas de sus participadas.
De hecho, son muchas las compañías propiedad de este tipo de entidades las que han acudido al fondo público de rescate para intentar evitar la quiebra, dado el impacto de las crisis en sectores como la restauración y el turismo.
El periódico económico apunta que el fondo francés PAI Partners ha reclamado la ayuda para Áreas, especializada en servicios de hostelería en áreas de servicio de carreteras, aeropuertos y estaciones de tren, mientras que la agencia de viajes online eDreams, entre cuyos accionistas están Permira y Ardian, también lo habría hecho.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se creó a través del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, para poner en marcha un instrumento de ayuda adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es gestionado por un Consejo Gestor a través de la entidad pública presidida por Belén Gualda.
El objetivo del fondo es aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos.
El fondo está dotado inicialmente con 10.000 millones de euros y prestará el apoyo mediante cualesquiera instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital. De manera complementaria, también podrá materializarse a través de otras facilidades crediticias. Todavía no se conoce si todos los grupos propiedad del ‘private equity’ que han pedido ayuda al fondo las vayan a obtener, ya que el Gobierno tiene tiempo hasta final de año para decidir.
