La titular del Juzgado número 5 de Estepona ha aplazado para el 3 de noviembre las declaraciones de la hija de la alcaldesa de Manilva (Málaga), Antonia Muñoz (grupo no adscrito), y de otros tres miembros de IU imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según una providencia de la jueza, a la que ha tenido acceso Efe, el aplazamiento de la declaración, prevista inicialmente para mañana, se produce porque el abogado de Estela Carayol, hija de la alcaldesa, además del concejal de Personal, Diego Díaz Jiménez, y otros imputados, tenía "señalamientos anteriores".
Sí declarará mañana el teniente alcalde de Manilva, socio de gobierno de Antonia Muñoz y portavoz de Asociación Socialista de Manilva (ASM), Emilio López Berenguer.
Estas actuaciones tienen su origen en la denuncia interpuesta por el comité de empresa del ayuntamiento de Manilva en 2009 por diversas irregularidades detectadas en la gestión del Ayuntamiento, así como en el uso arbitrario de las empresas municipales y la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades).
La justicia investiga más de 470 casos de presuntos "enchufes" entre los que se encontrarían numerosos familiares de la alcaldesa y militantes de IU, además de adjudicaciones de contratos a los familiares de Muñoz realizadas supuestamente fuera de ley, y millonarias transferencias a sociedades vinculadas al Ayuntamiento.
La hija de la alcaldesa comenzó a ser investigada tras comenzar a trabajar en la entidad urbanística El Hacho, vinculada al ayuntamiento de Manilva, tras la jubilación de un administrativo, y después de que su contratación fuese denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción.
También estaba previsto que el secretario del Ayuntamiento de Manilva aportara mañana a la jueza el listado completo de las horas extras abonadas a los trabajadores del consistorio desde junio de 2007 a abril de 2011, así como las gratificaciones a empleados municipales.
Estas comparecencias forman parte de una de las tres piezas separadas que ha abierto la jueza del caso, a petición del ministerio fiscal, para investigar presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.