El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), ha propuesto hoy el establecimiento de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) nacional para limitar los ingresos ordinarios de la administración local y evitar "subidas desaforadas" de este tributo municipal.
En concreto, ha planteado fijar un IBI nacional, con la variable del valor catastral, para evitar que los ayuntamientos combatan la crisis con una subida "desaforada" de este impuesto, pues supone "la mayor de las injusticias, no ya por tratarse de un impuesto directo, sino porque atrapa inexorablemente al contribuyente".
Ha comparado esta situación con "tiempos medievales con siervos de la gleba", permitiendo subidas locales de IBI que "gravan más a la parte menos favorecida de la sociedad", ha lamentado.
El regidor esteponero, que ha ofrecido una conferencia dentro del desayuno-informativo del Forum Europa Tribuna Andalucía, organizado por Nueva Economía Forum en Málaga, ha sugerido también exigir responsabilidad personal, civil y patrimonial a los gestores públicos ante la comisión de actos ilícitos.
"Tengo la convicción que sólo con la responsabilidad personal, civil y patrimonial de los gestores públicos se acaban definitivamente los desmanes", ha sentenciado.
Asimismo, ha sugerido realizar empadronamientos "obligatorios", pues considera que están contemplados en la ley pero no se aplican, cuando el número oficial de habitantes se tienen en cuenta al calcular las PIE y PICA, los estudios sobre escolaridad o sanidad, y los porcentajes de crecimiento urbanístico, pero no se corresponden con los habitantes reales, sobre todo en municipios turísticos.
Otra de las propuestas planteadas por el alcalde de Estepona es sustituir el sistema tutelar entre administraciones por el de "autorresponsabilidad", es decir, "que el acto de aprobación municipal tenga toda la virtualidad legal y carácter ejecutivo; y a partir de ahí, que sea la administración sectorial específica la que, si quiere, ejerza un control ulterior", ha aclarado.
García Urbano, notario y abogado del Estado de profesión, ha asegurado que el modelo de administración local vigente es "no sólo manifiestamente mejorable sino claramente ineficiente".
Ha recalcado que el modelo administrativo actual es "anacrónico" y ha añadido que está retardando la recuperación económica y que fue una de las causas de la crisis económica.
Ha lamentado defectos como "la lentitud, el déficit y la dispersión de procedimientos, la inexistencia de comunicaciones telemáticas entre administraciones, la imposibilidad de usar firmas electrónicas", entre otros aspectos.