El caso del 'narcosubmarino' hundido en la ría de Aldán, en Cangas (Pontevedra), en noviembre de 2019, llegará a juicio la próxima semana, con la celebración de una vista en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, fijada para los días 13 al 17 de diciembre, en la que habrá 7 acusados en el banquillo. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de 13 años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, tres de los acusados (los tripulantes del 'narcosubmarino') actuaron al servicio de una estructura criminal internacional que tenía por finalidad llevar un cargamento de cocaína desde Brasil a España, a bordo de un artefacto semisumergible. Para ello, contaron con la colaboración, en diversas funciones, del resto de acusados, que eran sabedores de la ilicitud de lo que estaban haciendo.

La Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria pusieron en marcha a mediados de noviembre de 2019 un operativo de vigilancia tras recibir una alerta del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, con sede en Lisboa, sobre la presencia de un semisumergible navegando por el Atlántico en dirección a las costas gallegas.

El plan de los acusados era salir al encuentro del 'submarino' donde se transportaba la droga (más de 3.000 kilos en 152 fardos) a la entrada de la ría de Aldán y hacer el trasvase de la misma, aunque finalmente cambiaron su estrategia, y pensaban hundir el semisumergible, recoger a sus tripulantes, un gallego y dos ciudadanos ecuatorianos, y recuperar la droga posteriormente.

Para llevar a cabo su cometido, los colaboradores en tierra hicieron gestiones para conseguir una embarcación, una furgoneta (para transportar la droga una vez descargada) y realizaron varias compras en un establecimiento comercial de Vigo con el fin de preparar tres bolsas con ropa seca, comida energética, y otros efectos, destinados a los tres tripulantes del semisumergible.

Todos los preparativos se hicieron manteniendo el contacto entre los acusados que estaban en tierra y el gallego que viajaba en el batiscafo, mediante teléfono-satélite.

SORPRENDIDOS EN LA PLAYA

En la madrugada del 24 de noviembre, uno de los implicados se desplazó a las inmediaciones del punto de encuentro en un coche, en cuyo maletero llevaba las tres bolsas con ropa y comida preparadas, con la finalidad de supervisar la llegada de los tripulantes y de la droga.

Pero sus planes se truncaron porque fue sorprendido por una dotación de la Guardia Civil (que desconocía el operativo antidroga) y, tras inventar una excusa para explicar su presencia en la playa, abandonó el lugar. Sin embargo, las luces de su coche estaban alumbrando hacia el mar, y fue así como los agentes descubrieron a los tres tripulantes del 'narcosubmarino' saliendo del agua.

Dos de los ocupantes del semisumergible fueron detenidos prácticamente al momento, mientras que el tercero, el gallego, logró huir y esconderse en una casa en Punta Couso, aunque fue localizado varios días después y detenido. Las investigaciones permitieron también detener a los otros cuatro implicados.

REGISTROS

En los registros practicados, las fuerzas policiales se incautaron de teléfonos, ordenadores, libretas con anotaciones, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad ilícita de los arrestados.

Además, en el interior del 'narcosubmarino', al margen de la droga, fueron localizados paquetes de galletas, latas de conserva, aceite, dos cocinas, arroz y otros alimentos; medicamentos; enseres de higiene personal; y herramientas.

La embarcación era un artefacto naval autopropulsado, sin capacidad para sumergirse completamente y con un dispositivo de escape húmedo para evitar la detección térmica a través de radares, así como un silenciador para atenuar el ruido de los gases de escape. Contaba con un motor diésel de 6 cilindros y capacidad para almacenar 20.000 litros de combustible, lo que le permitía hacer travesías largas sin repostar.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los acusados autores de un delito contra la salud pública, concurriendo el subtipo "superagravado" debido a la cantidad de droga y al uso de la embarcación, y cometido por personas integradas en redes internacionales criminales. Así, pide que cada uno de los procesados sea condenado a 13 años y medio de prisión, y que pague dos multas de 300 millones de euros.

Tras su detención, el juzgado de Cangas que instruyó la causa ordenó el ingreso en prisión provisional de los siete. No obstante, con el paso de los meses, todos han ido quedando en libertad provisional, salvo los tres tripulantes, para quienes la Audiencia Provincial prorrogó el pasado mes de noviembre la medida de prisión.