La magistrada que investiga al productor musical, Nacho Cano por un presunto delito contra los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros ha decidido seguir adelante con la causa y ha acordado una batería de declaraciones, entre ellas la del artista y la de varias personas que trabajaron para él como becarios.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza archivar el caso, como han solicitado varias veces los investigados, porque ve necesario practicar una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía "con el fin de determinar si los hechos investigados revisten o no apariencia de delito".

Entre esas diligencias figura la declaración en calidad de investigado de Nacho Cano, a quien no ha citado antes para evitar "la pena de banquillo", ya que faltaban por practicar "diligencias necesarias e imprescindibles" para determinar si el productor musical y los otros tres investigados habrían participado en los delitos denunciados.

Ahora lo acuerda porque son los propios investigados quienes lo solicitan, de manera que se les citará "en la fecha más próxima que la agenda de este juzgado lo permita".

La magistrada también cita como testigos a varios policías o al consejero y administrador de la escuela Jana Producciones, entre otros, y como testigos perjudicados a tres becarios de Nacho Cano que actualmente están en México.

En un auto de 16 folios, la magistrada Inmaculada Iglesias argumenta que no puede archivarse la causa que abrió el pasado 30 de julio a cuatro responsables del musical Malinche por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores extranje.

De esta manera rebate los argumentos expuestos por los letrados de Nacho Cano, que refirieron un supuesto trato de favor a la denunciante, que se creara un atestado policial "ad hoc" o hubiera un reparto irregular del caso en los juzgados de Plaza de Castilla.

La jueza rechaza expulsar del procedimiento a Comisiones Obreras, argumentando que "no han cambiado las circunstancias" y se sigue investigando un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

En este sentido destaca que las gestiones practicada por el Grupo de Extranjería de la Comisaría de Centro de Madrid apuntan que los bailarines seleccionados "fueron introducidos como turistas y aleccionados para fingir que accedían como tales", y solo hasta el 15 de enero de 2024, según se desprende de los mensajes que les enviaba una de las investigadas.

Subraya que "los investigados debían haber tramitado los requisitos ante los consulados en México y solicitar el visado correspondiente para entrar en España legalmente".

"Se optó por una simulación falsaria del verdadero destino de los 'estudiantes' fingiendo un acceso a territorio español por motivos turísticos, y posteriormente las autorizaciones de estancia por estudios solicitadas en España fueron denegadas por no acreditarse que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios", añade la jueza, precisando que no hay sentencias firmes al respecto, sino solo medidas cautelares.

Sobre el informe de la Inspección de Trabajo, señala que su responsable se limitó a visitar la parroquia en la que ensayaban los becarios y a solicitar cierta documentación, sin visitar el centro de trabajo de los jóvenes ni contrastar las declaraciones de los becarios con las que habían hecho ante la Policía.

El auto niega que pudiera haber un reparto irregular del atestado policial en los juzgados de Plaza de Castilla, como alegan los letrados de Nacho Cano, que denunciaron que el caso recayó directamente en el mismo juzgado que investiga por presunto fraude fiscal al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido la jueza cita el informe que el letrado de la administración elaboró tras esa "grave acusación", en el que se expone que se trató de un reparto ordinario y aleatorio que "no se puede manipular".

También niega que haya un trato de favor hacia la denunciante, Lesly Guadalupe O., ya que no declaró en dos ocasiones por motivos justificados, y que se de un "retraso malicioso" en la causa, ya que se trató de tomar declaración a los 16 becarios compañeros de la denunciante pero primero no se citó a una de las investigadas o luego los jóvenes se marcharon a su país.

Este auto se conoce dos días antes de que Lesly Guadalupe tenga que prestar declaración este jueves como investigada, en otro juzgado, por un presunto delito de amenazas condicionales al equipo del espectáculo Maliche, como consecuencia de la denuncia que interpusieron los letrados de Nacho Cano por unos mensajes en los que entienden que la joven amenazaba y chantajeaba pidiendoles 6.000 euros por no denunciarles.