Los trabajadores de Alcoa esperan una decisión política que aclare su futuro

Después de las dos vistas celebradas en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores de Alcoa siguen a la espera de una “decisión política” que aclare el futuro de la producción de aluminio primario en A Mariña y, consecuentemente, de sus propios empleos.

Aunque el comité de empresa valoró de forma muy positiva la resolución del TSXG, que le prohibió a Alcoa apagar las cubas de electrolisis en la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, y la posterior desestimación del recurso presentado por la multinacional contra esa decisión, los trabajadores son conscientes de que “ese revés judicial” para la compañía no arregla su problema.

Se trata, simplemente, de una forma de ganar tiempo, dado que esas cubas son “el corazón de la fábrica”, como ellos mismos reconocen, y apagarlas supondría “la muerte” casi inmediata de la factoría, dado que ponerlas de nuevo en funcionamiento costaría decenas de millones de euros.

En realidad, esa medida cautelar decretada por el alto tribunal gallego tiene una duración bastante limitada en el tiempo, dado que los magistrados prohibieron el apagado de las cubas de electrolisis para garantizar que los trabajadores recuperasen de forma inmediata sus empleos si finalmente el despido colectivo que pretende llevar a cabo Alcoa es declarado nulo.

La reincorporación de esos empleados -de los 524 afectados por el ERE que pretende aplicar la multinacional- a sus puestos de trabajo sería imposible con las cubas apagadas.

Ahora el comité de empresa espera una resolución favorable en relación con el juicio que se celebró esta misma semana en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la demanda contra el proceso de despido colectivo iniciado por Alcoa.

En el juicio, la representación legal de la compañía insistió en los argumentos que llevaron a la multinacional a esta situación y, en concreto, en las pérdidas que acumula la planta de aluminio primario, que ascienden, según los cálculos presentados por Alcoa, a un millón de euros a la semana.

Sin embargo, el comité de empresa niega la existencia de esas pérdidas, porque el aluminio pocas veces tuvo un precio tan elevado, según los sindicatos de “2.014 dólares por tonelada”, y la tarifa por el suministro eléctrico nunca estuvo tan barata como ahora en los últimos años.

Por ello, el comité insiste en que la planta de aluminio de San Cibrao es rentable y tiene futuro, mientras que la compañía afirma lo contrario y ahonda en la necesidad de parar las cubas, como medida inmediata para acabar con las pérdidas que supuestamente le está generando el complejo mariñano.

Los trabajadores hacen hincapié en la “mala fe” de la compañía por negarse a vender la fábrica al grupo Liberty House, interesado en su compra, pero los abogados de Alcoa han recordado en el juicio “que no se puede obligar a una empresa a vender sí o sí bajo cualquier circunstancia” y “mucho menos la parte de alúmina que no estaba en el acuerdo".

De hecho, la representación legal de la multinacional estadounidense llegó a decir en la vista oral que "la venta no es una medida social, no soluciona una situación productiva y económica".

Sin embargo, desde el comité de empresa se insiste en la “mala fe” de la compañía, porque ni quiere seguir explotando la fábrica ni tampoco se aviene a una venta, simplemente porque “quiere quedarse con el mercado” europeo y traer “el aluminio de fuera”, sin competencia alguna.

Llegados a este punto, una resolución favorable a los intereses de los trabajadores por parte del TSXG, con la anulación del ERE planteado por la empresa, supondría un soplo de aire para la plantilla, pero no la solución al problema de fondo.

De hecho, si la sentencia fuese desfavorable para sus intereses, Alcoa podría volver a plantear el ERE pasado el tiempo correspondiente, según reconocen desde el propio comité.

Por ello, los trabajadores subrayan que la solución pasa por una “decisión política”, por una “intervención pública y temporal” de la planta para facilitar la venta al grupo Liberty House, y le piden al Gobierno de España que aclare su hoja de ruta y también cuándo estaría dispuesto el Ministerio de Industria a adoptar una decisión de ese calibre, sobre la cual ya se han manifestado de forma favorable el Congreso y la propia Xunta.