Diez comunidades autónomas recurren ya a la sanidad privada para derivar pacientes ante el colapso de los centros públicos por el aumento de casos covid en esta tercera ola de la pandemia.

Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia y Extremadura han optado por enviar a pacientes de coronavirus a hospitales privados mientras Euskadi, Castilla y León y Aragón remiten a lo privado solo pacientes no infectados.

Frente a esta opción otras comunidades no contemplan recurrir a la sanidad privada para rebajar la presión en la red de hospitales públicos. Es el caso de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja. Andalucía se muestra proclive al acuerdo de cooperación público-privado pero aún no se ha sumado al proceso y Baleares espera firmar un convenio en ese sentido en los próximos días, según los datos recabados por la delegaciones de EFE en las comunidades autónomas.

LAS COMUNIDADES PONEN PRECIO A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En la Comunidad de Madrid, cuarenta clínicas y hospitales privados vuelven a estar al servicio de la sanidad pública como ya ocurrió al inicio de la pandemia.

Para ello, la consejería de Sanidad ha firmado una orden por la que quedan a disposición determinados establecimientos sanitarios privados y su personal para hacer frente a la pandemia hasta el 28 de febrero, un plazo que podrá prorrogarse.

La comunidad ha fijado precios. En el caso de los pacientes con coronavirus que sean derivados, el coste será de 734,25 euros por enfermo y día en planta y de 2.084,89 en el caso de ocupar una cama UCI.

La Comunidad Valenciana cuenta con una resolución por la que se ponen a disposición del Sistema Valenciano de Salud los medios, recursos, centros y establecimientos sanitarios privados, y mutuas de accidentes de trabajo.

Los precios que se cobran se han determinado con arreglo a lo establecido en la ley de tasas de la Generalitat.

Son 310,17 euros por paciente y día por una estancia no quirúrgica; y de 341 con intervención quirúrgica. Una estancia en aislamiento son 581,58 euros por paciente y día; y en la UCI, de 1.365,29 euros.

La Región de Murcia ha derivado a lo largo del mes de enero a 104 pacientes covid a centros concertados, en virtud del concierto que tiene establecido el Servicio Murciano de Salud con estos hospitales.

El precio fijado por estancia y día es de 154,34 euros.

El Gobierno foral de Navarra ha pactado con los centros privados "tarifas planas" de 4.908 euros por paciente en cama de planta y de 40.978 euros en cama de UCI, y en el caso de centros sin UCI de entre 519 euros diarios para los primeros diez días y de 209 a partir del día 22, con 232,94 euros al día si la estancia es con rehabilitación.

En Cataluña, el ingreso de un paciente covid en un hospital concertado, privado o en una mutua de accidentes de trabajo, durante más de 72 horas, con alta o fallecimiento, cuesta a la sanidad pública catalana 6.050 euros, sin estancia en la UCI, 1.050 euros más que la compensación establecida en abril de 2020.

Estas tarifas han sido actualizadas por el Govern en la orden del 26 de enero del Departamento de Salud.

En Extremadura, la Junta está derivando pacientes a un solo centro privado, el hospital Clínica Ribera Santa Justa, en Villanueva de la Serena (Badajoz).

La retribución por esta actividad oscila entre los 2.500 y los 5.000 euros para estancias de hospitalización, en función del tiempo, mientras que la asistencia y estancia en UCI asciende a 43.400 euros.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas) mantiene con la Asociación de Hospitales Privados (Ahosgal) las tarifas habituales de conciertos. No hay específicas para los pacientes covid.

La media es de 102 euros para la hospitalización en planta y de 304,5 euros en UCI.

PAÍS VASCO, CASTILLA Y LEÓN Y ARAGÓN NO DERIVAN PACIENTES COVID

El País Vasco ha optado por un plan de contingencia que contempla derivar a centros privados a pacientes no infectados por covid para atender en la red pública a personas que sí lo tienen. A pesar del alza de casos, el Departamento vasco de Salud no ha tenido que recurrir a estas derivaciones, de cuyo coste no se ha informado.

Tampoco Aragón contempla hacer uso de la sanidad privada para atender casos de coronavirus aunque sí se ha recurrido a ella para otro tipo de intervenciones programadas.

Los centros privados atienden a enfermos covid cuando se trata de asegurados. De las 788 personas hospitalizadas en Aragón, hay 50 en centros privados.

Castilla y León mantiene una actividad quirúrgica del 32,14 por ciento y 54 quirófanos, que se eleva al 38,09 por ciento con 10 quirófanos de la privada.

ANDALUCÍA Y BALEARES A LA ESPERA DE UNIFICAR RECURSOS

Baleares prevé anunciar en los próximos días un convenio para derivar pacientes a clínicas privadas y en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya planteó el pasado 27 de enero su intención de unificar recursos público-privado.

No obstante siete días después a la consejería de Salud no le consta que se haya derivado ningún paciente a hospitales privados ni ha dado el precio que pagará.

CINCO AUTONOMÍAS RESUELVEN LA SITUACIÓN EN LA RED PÚBLICA

Otras comunidades, como Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias o La Rioja, no barajan echar mano de la sanidad privada y resuelven la situación con su red pública.

Asturias, con un colchón de ocho hospitales públicos, no espera necesitar de la privada.

Además, el Principado cuenta con centros asociados y dispositivos específicos como el levantado en la feria de muestras de Gijón, en el que hay ocupadas 72 de las 144 camas.

Castilla-La Mancha tampoco prevé recurrir al sector privado y se han instalado camas en pabellones y hospitales de campaña.

En La Rioja, la adaptabilidad del hospital San Pedro en Logroño está permitiendo asistir a todos los pacientes hospitalizados por covid.

El Gobierno riojano no contempla, en este momento, acudir al sector privado.

Tampoco lo valora Cantabria que tiene en el hospital de Valdecilla, en Santander, un nuevo pabellón destinado a enfermos con covid. Esta nueva instalación supone 18 camas más de UCI, con lo que ya cuenta con 60.

Y en Canarias no se ha derivado a nadie al privado. Sostiene el Gobierno autonómico que mientras la sanidad pública disponga de capacidad de respuesta, y en estos momentos la tiene, no se recurrirá a la privada.