El operativo policial en la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña, con agentes de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha concluido con el abandono de los participantes en el mismo de las instalaciones poco después de las 16,30 horas, unas ocho horas después de iniciarse.
Así lo han informado fuentes consultadas por Europa Press como resultado de un operativo en el que se ha estado recabando documentación, así como testimonios de distintos responsables en la factoría.
En concreto, la Policía Nacional inició, en torno a las 08,45 horas, un operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
El operativo se ha desarrollado también en las provincias de Madrid, Málaga y Castellón.
En el marco de dicha operación se han incluido un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.
La investigación, dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en sus diligencias previas declaradas secretas y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, persigue la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.
En el operativo, según ha informado la Dirección General de la Policía, han participado más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial.
QUERELLA Y HUELGA
Las dos plantas pertenecían con anterioridad a la multinacional norteamericana Alcoa, que las vendió en una operación sobre la cual la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.
La querella se presentó por hechos que a juicio de los sindicatos son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.
En la planta de A Coruña, el comité tiene convocada una huelga desde el 26 de diciembre por el despido de una trabajadora, al que se sumó posteriormente el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.
Coincidiendo con este operativo, Corbacho ha vuelto a reclamar a las administraciones una "hoja de ruta" para buscar una "salida" industrial y garantizar la viabilidad de la fábrica --en la actualidad propiedad del Grupo Riesgo-- y su empleo frente a un proceso de venta que ha calificado de "engaño" y de "estafa".
