El indulto parcial reabre el debate sobre el caso de Juana Rivas

El indulto parcial concedido por el Gobierno a mediados de noviembre a Juana Rivas ha reabierto el debate social, político y judicial sobre el caso de esta vecina de Maracena (Granada) que se inició en el verano de 2017, cuando se negó devolver a sus hijos a su expareja, al que acusa de maltrato.

Después de que esa medida de gracia conmutara los seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad y rebajara la pena de prisión a un año y tres meses de cárcel, su defensa pidió al Juzgado de lo Penal 1 de Granada que le suspendiera la pena privativa de libertad pendiente.

La expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, no ha mostrado en ningún momento del proceso judicial un interés especial en que esta vecina cumpla la condena de cárcel y ha mantenido que su objetivo es evitar que recupere la patria potestad de los menores que el indulto parcial le devuelve.

Por eso su abogado, Enrique Zambrano, ha presentado en la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso al indulto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE y espera ahora que el alto tribunal le remita todos los informes vinculados a la causa para complementar su escrito.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, ha reiterado en este tiempo que Juana actuó en todo momento para proteger a sus hijos del supuesto maltrato ejercido por su expareja, a quien ya abonó 12.000 euros de indemnización civil, y que ella actualmente tiene una red de apoyo laboral y familiar.

A pesar de que tanto la Fiscalía como la acusación particular no se opusieron a la suspensión de la pena solicitada por la defensa, el titular del Penal 1, Manuel Piñar, se negó no obstante al excarcelamiento de Rivas argumentando, entre otros motivos, que podría representar un posible peligro para sus hijos.

El juez recordó en su auto que, estando Rivas al cuidado de estos, uno de ellos pudo sufrir un abuso dictaminado por la pediatra y un forense y expuesto por el propio menor, un hecho hasta entonces reservado públicamente para salvaguardar la intimidad del niño.

Ese pronunciamiento motivó que el letrado de Juana anunciara acciones legales contra el juez Piñar por posible prevaricación judicial y calumnias al considerar que la había acusado de permitir posibles abusos sexuales contra uno de sus hijos, y que denunciara la divulgación de informaciones "falsas" que afectaban al menor.

Sin embargo, el abogado de Arcuri ha considerado que Piñar mantiene con su último auto el mismo proceder que ha sostenido desde que comenzó la causa y ha recordado que fue Juana Rivas y su entorno la que desveló los datos de los menores que el juez ha recuperado para avalar su oposición a dejarla en libertad.

Además, mientras que altos cargos del Ministerio de Igualdad mostraran su apoyo a Rivas, el PP instó al presidente Pedro Sánchez, a que condenara los ataques y "exabruptos antidemocráticos" contra el Poder Judicial de miembros de su Ejecutivo, y Ciudadanos avanzó que solicitaría en el Congreso el expediente del indulto para que se aclararan los motivos de esa medida.

Las críticas públicas contra sus decisiones han llevado incluso al propio juez a manifestar a través de una carta que se siente halagado por el "escarnio" que, entiende, recibe de esta manera, y a sostener que está "tranquilo y confiado en que su actuación ha sido correcta".

Rivas espera ahora que la Audiencia de Granada le dé la razón, tras recurrir en apelación la decisión de Piñar de suspenderle la pena privativa de libertad pendiente, aunque ya disfruta de la modalidad de tercer grado más favorable, que le permitirá llevar una pulsera telemática para ser controlada.

Según su letrado, la decisión de la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social (CIS) de Granada donde cumple condena le facilitará asimismo pasar las Navidades con sus hijos, una vez que un tribunal italiano autorizó que los menores pudieran regresar a España con su madre durante las vacaciones.

Este reencuentro de Rivas con sus hijos se enmarca en el convenio que regula la custodia de los menores y al que no afecta el indulto parcial, que no modifica que esta vecina de Maracena tenga ante la justicia italiana una condena a prisión en firme por un delito de sustracción de menores.